Mauricio Merino / El Universal
Creo que ya es inevitable que cualquier iniciativa tomada por los aspirantes a la Presidencia de la República no sea leída en clave electoral. Hagan lo que hagan de aquí a que se definan las candidaturas, todas las actividades de los secretarios, gobernadores y legisladores involucrados en esta contienda serán vistas como parte de sus campañas, aunque juren que lo hacen por otras razones y aunque esas razones sean válidas. El virus de la sucesión presidencial ya está infectando todas las agendas políticas del país.
No obstante, sería muy bueno que se atendiera la invitación que hizo el secretario Alonso Lujambio a discutir los valores éticos que necesita el país para lidiar con el siglo XXI, aunque lo haya hecho en una ceremonia rodeado de partidarios y con evidentes propósitos de campaña; o mejor, precisamente porque lo hizo en este momento y al amparo de los festejos por los 90 años de vida de la Secretaría de Educación Pública.
Sería bueno porque, por definición, nadie puede ser dueño del debate sobre los valores que comparte una sociedad y porque nuestro proceso de construcción democrática ya está saturado de argumentos pragmáticos —cuando no francamente aritméticos— y se ha despoblado de valores éticos compartidos.
Los procesos democráticos más exitosos del mundo han estado acompañados de una deliberación ética: de lo que la sociedad considera bueno o malo, aceptable o tolerable, mejor o peor. No han sido procesos mecánicos ni hubieran podido serlo, porque uno de los motores más importantes del cambio político ha sido precisamente la mudanza de los valores. Las sociedades cambian para acompasar sus convicciones con las normas jurídicas y con las estructuras de autoridad que las rigen. Ahora mismo lo estamos viendo en el norte de África, como antes lo vimos en los países de Europa que todavía cargaban sobre sus hombros regímenes autoritarios ya completamente agotados y como sucedió, también, en buena parte de América Latina.
Pero la deliberación pública que se entrelaza con los procesos electorales como condición mínima de existencia de cualquier democracia, no consiste solamente en un rejuego de acusaciones cruzadas y de estrategias mediáticas para establecer el predominio de unos sobre los otros. Es verdad que en las democracias más añejas y consolidadas esas batallas también suceden y que forman parte de su normalidad política. Pero en ellas también se han establecido fuertes principios de ética pública, que constituyen el cimiento mismo de esas sociedades. No todo es batalla para ganar votos, ni todo se resuelve en un intercambio de acusaciones mutuas. Tras esas batallas, el respeto al Estado de derecho, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y el sentido público de igualdad y justicia juegan papeles mucho más importantes. Es más: buena parte de los debates políticos se articula en función del refrendo a esos valores y de su consolidación práctica. Los programas de los partidos no son ocurrencias del día, sino confrontaciones plausibles para fortalecer la convivencia entre todos.
Si atendiéramos la convocatoria del secretario Lujambio podríamos discutir, por ejemplo, si los instrumentos que ha utilizado el gobierno para salvaguardar la seguridad pública se corresponden con los valores que protegen los derechos humanos o con la construcción de una sociedad más solidaria, más responsable y más tolerante. Podríamos debatir si el incremento de la violencia como recurso estratégico no está liquidando incluso la posibilidad de reconstruir la política como tarea de toda la sociedad, tal como lo vio Hannah Arendt desde hace más de 40 años. O deliberar sobre el sentido ético de los programas sociales de los gobiernos que, articulados como instrumentos para ganar clientelas y simpatía, generan más segmentación social y más desigualdades mientras más gastan. O si la operación de la administración pública está fundada en los valores éticos que más aprecia la sociedad, como la transparencia y la rendición de cuentas, o más bien obedece a rutinas burocráticas que le dan la espalda al espacio público. O más todavía: si la regulación que está produciendo el Estado está en armonía con el interés general o se emplea como recurso de negociación entre intereses particulares.
Nada de esto es trivial ni debería quedar sepultado por el alud de intereses que está detrás de la sucesión del 2012. Por el contrario, la falta de referencias éticas compartidas no sólo se ha convertido en un problema nuevo para el país, que ya cruza por todas las relaciones sociales, sino que está amenazando con volverse en contra de la consolidación democrática. Sin un bagaje ético mínimo, será difícil contener un nuevo estallido de inconformidad y violencia, incluyendo el que surgiría de un nuevo conflicto posterior a las elecciones.
Creo que ya es inevitable que cualquier iniciativa tomada por los aspirantes a la Presidencia de la República no sea leída en clave electoral. Hagan lo que hagan de aquí a que se definan las candidaturas, todas las actividades de los secretarios, gobernadores y legisladores involucrados en esta contienda serán vistas como parte de sus campañas, aunque juren que lo hacen por otras razones y aunque esas razones sean válidas. El virus de la sucesión presidencial ya está infectando todas las agendas políticas del país.
No obstante, sería muy bueno que se atendiera la invitación que hizo el secretario Alonso Lujambio a discutir los valores éticos que necesita el país para lidiar con el siglo XXI, aunque lo haya hecho en una ceremonia rodeado de partidarios y con evidentes propósitos de campaña; o mejor, precisamente porque lo hizo en este momento y al amparo de los festejos por los 90 años de vida de la Secretaría de Educación Pública.
Sería bueno porque, por definición, nadie puede ser dueño del debate sobre los valores que comparte una sociedad y porque nuestro proceso de construcción democrática ya está saturado de argumentos pragmáticos —cuando no francamente aritméticos— y se ha despoblado de valores éticos compartidos.
Los procesos democráticos más exitosos del mundo han estado acompañados de una deliberación ética: de lo que la sociedad considera bueno o malo, aceptable o tolerable, mejor o peor. No han sido procesos mecánicos ni hubieran podido serlo, porque uno de los motores más importantes del cambio político ha sido precisamente la mudanza de los valores. Las sociedades cambian para acompasar sus convicciones con las normas jurídicas y con las estructuras de autoridad que las rigen. Ahora mismo lo estamos viendo en el norte de África, como antes lo vimos en los países de Europa que todavía cargaban sobre sus hombros regímenes autoritarios ya completamente agotados y como sucedió, también, en buena parte de América Latina.
Pero la deliberación pública que se entrelaza con los procesos electorales como condición mínima de existencia de cualquier democracia, no consiste solamente en un rejuego de acusaciones cruzadas y de estrategias mediáticas para establecer el predominio de unos sobre los otros. Es verdad que en las democracias más añejas y consolidadas esas batallas también suceden y que forman parte de su normalidad política. Pero en ellas también se han establecido fuertes principios de ética pública, que constituyen el cimiento mismo de esas sociedades. No todo es batalla para ganar votos, ni todo se resuelve en un intercambio de acusaciones mutuas. Tras esas batallas, el respeto al Estado de derecho, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y el sentido público de igualdad y justicia juegan papeles mucho más importantes. Es más: buena parte de los debates políticos se articula en función del refrendo a esos valores y de su consolidación práctica. Los programas de los partidos no son ocurrencias del día, sino confrontaciones plausibles para fortalecer la convivencia entre todos.
Si atendiéramos la convocatoria del secretario Lujambio podríamos discutir, por ejemplo, si los instrumentos que ha utilizado el gobierno para salvaguardar la seguridad pública se corresponden con los valores que protegen los derechos humanos o con la construcción de una sociedad más solidaria, más responsable y más tolerante. Podríamos debatir si el incremento de la violencia como recurso estratégico no está liquidando incluso la posibilidad de reconstruir la política como tarea de toda la sociedad, tal como lo vio Hannah Arendt desde hace más de 40 años. O deliberar sobre el sentido ético de los programas sociales de los gobiernos que, articulados como instrumentos para ganar clientelas y simpatía, generan más segmentación social y más desigualdades mientras más gastan. O si la operación de la administración pública está fundada en los valores éticos que más aprecia la sociedad, como la transparencia y la rendición de cuentas, o más bien obedece a rutinas burocráticas que le dan la espalda al espacio público. O más todavía: si la regulación que está produciendo el Estado está en armonía con el interés general o se emplea como recurso de negociación entre intereses particulares.
Nada de esto es trivial ni debería quedar sepultado por el alud de intereses que está detrás de la sucesión del 2012. Por el contrario, la falta de referencias éticas compartidas no sólo se ha convertido en un problema nuevo para el país, que ya cruza por todas las relaciones sociales, sino que está amenazando con volverse en contra de la consolidación democrática. Sin un bagaje ético mínimo, será difícil contener un nuevo estallido de inconformidad y violencia, incluyendo el que surgiría de un nuevo conflicto posterior a las elecciones.
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