Mario Maldonado - Sonora Presente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema financiero mexicano. Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, bajo el argumento de que se trata de una medida administrativa y no penal. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y avaló un criterio que amplía de forma significativa las facultades del Estado sobre el dinero de los particulares.
La votación, sin embargo, evidenció una Corte fracturada. De un lado, ministras como María Estela Ríos defendieron que el bloqueo de cuentas responde a compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Del otro, Yasmín Esquivel advirtió que la norma deja en la indefinición los supuestos bajo los cuales la autoridad puede intervenir y abre la puerta a afectaciones a la propiedad privada. El fondo del debate fue el alcance del poder administrativo frente a los derechos patrimoniales. Y la resolución inclinó la balanza hacia el primero.
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