¿AUTONOMÍA O BLINDAJE?
En la Universidad Veracruzana (UV) se vive hoy una crisis de legalidad y legitimidad institucional. La Junta de Gobierno decidió extender por 4 años más, de manera ilegal, la permanencia del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, mediante una interpretación normativa ampliamente cuestionada por sectores de la comunidad universitaria. Para blindar esa decisión se ha invocado reiteradamente la autonomíauniversitaria, como si esta operara como un territorio exento de control jurídico externo y como si existiera para proteger a los grupos de poder que gobiernan la institución y no para garantizar los derechos de quienes la integran.
La Ley de Autonomía no es un fin en sí mismo: es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento de deberes mínimos: legalidad, transparencia, participación comunitaria y rendición de cuentas. No significa un "Estado dentro del Estado", ni una institución por encima de la Constitución. La UV, como universidad pública, está obligada a respetar el ordenjurídico nacional. Aquí resulta fundamental recordar lo que laevolución del derecho mexicano ha establecido en las últimas décadas (Reforma a la Ley de Amparo del 2013): que las universidades públicas no son islas jurídicas. Durante mucho tiempo se sostuvo que, por su autonomía, sus actos no podían ser revisados por autoridades judiciales. Ese viejo criterio fue superado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció, desde la contradicción de tesis 12/2010, que las universidades públicas pueden ser consideradas autoridades para efectos del juicio de amparo cuando emiten actos que afectan derechos de miembros de su comunidad. La reforma en materia de derechos humanos y amparo de 2011 reforzó esta visión: ninguna institución pública, autónoma o no, puede situarse por encima de los derechos fundamentales.
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