Julio Agudo - El Economista
Las Universidades Públicas Estatales, en muchos casos, resultan ser objeto de codicia por parte de gobernadores, en algunos casos, por el monto presupuestal que las instituciones de educación superior reciben de la Federación vía subsidios ordinarios, y en otros, porque el grueso de su comunidad académica y estudiantil son considerados como “activos electorales”, sobre todo cuando está en ciernes un proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo y a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo.
En la historia contemporánea de México, hay registro sobre casos de injerencia y violación a la autonomía de las universidades públicas que consagra el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de gobernadores de corte autoritario que creen, falsamente, que el cargo que desempeñan por mandato popular les confiere la facultad de hacer un uso patrimonialista de las instituciones de educación superior.
La Universidad Autónoma de Campeche, en fechas recientes, se encuentra en el “ojo del huracán” debido a la detención y posterior liberación de quien fuera, hasta hace poco, su rector, José Alberto Abud Flores, por la presunta posesión de sustancias ilícitas halladas en el interior de su vehículo por elementos de la policía estatal.
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