Carlos Ramírez - El Indpendiente
Como los hechos se analizan políticamente mezclando realidades con intenciones, las deportaciones de grandes y pequeños capos a Estados Unidos y el arresto de exfuncionarios de seguridad en territorio americano está implicando la cesión de información de inteligencia y seguridad nacional de México a las autoridades fiscales americanas.
El último paquete de 26 narcos entregados a EU se suma a los 29 cedidos o regalados en enero y a muchos otros con anterioridad –entre ellos los grandes jefes del Cártel de Sinaloa, y otros jefes importantes de otras organizaciones delictivas–, y todos ellos ya negociaron con la justicia de Estados Unidos disminución de sus penas y en casos especiales hasta protección de familiares a cambio de información de seguridad de México que afecta sin duda alguna a las diferentes instancias políticas y de gobierno aquí en los últimos 20 años.
El principio de la justicia señala que los delincuentes arrestados y procesados en México tendrían que pagar sus culpas en las estructuras penitenciarias mexicanas como una forma de ejecución del castigo correspondiente por violar las leyes nacionales; y después, si llegara el caso, se podrían atender las solicitudes de extradición.
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