Raymundo Riva Palacio - Expreso
La bomba noticiosa que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en su conferencia matutina cayó en el momento en que más lo necesitaba el gobierno: el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, estaba detenido en un suburbio de Dallas, como consecuencia de una solicitud de extradición presentada hace cinco años y “en los próximos días” sería deportado para enfrentar en México su juicio por el caso Odebrecht. Después de tantas tribulaciones -por el escándalo del senador Adán Augusto López, el fiasco del Caso Ancira y el pánico en Morena a ser señalados como narcopolíticos-, la captura de Treviño es un bálsamo y una oportunidad para compensar los fracasos.
Sin embargo, hay algo que no cuadra.
El abogado en México de Treviño, Óscar Augusto Zamudio, sostiene que su cliente está retenido por una confusión migratoria. Treviño vive en Prosper, un condado en la zona metropolitana de Dallas, donde tiene casa y trabajo, con todos sus documentos en regla y pendiente su solicitud de asilo. Si sólo fuera por esto último, la extradición procedería salvo en el caso de que pruebe que es un perseguido político. Eso es lo que ha alegado tras la acusación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que fue utilizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que fuera el testigo madre que documentaría la corrupción del viejo régimen.
Lozoya hizo un acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para inculpar a dos excandidatos presidenciales, a figuras del PAN y a exsecretarios de Hacienda y exdirectores de Pemex y señalarlos de haber recibido millones de pesos de sobornos de Odebrecht. La gran motivación que alegó para su acusación, escrita por quien era entonces el brazo derecho de Gertz Manero, el fiscal Juan Ramos -que murió como consecuencia de una operación en 2023-, era que los sobornos fueron entregados para aprobar la reforma económica del presidente Enrique Peña Nieto.
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