Jorge Zepeda Patterson - Milenio
Razones para indignarse hay de sobra. Unos, porque asumen que no pueden cruzarse de brazos ante “el atropello” de una ley que tiene como propósito ponerlos de rodillas y fue tomada en contra de su voluntad. Otros, porque interpretan que la huelga de los trabajadores del Poder Judicial y la resistencia de la Suprema Corte es realizada a sabiendas de que no tienen posibilidad de cambiar nada, salvo tomar revancha o el consuelo de elevar la factura política y desestabilizar al nuevo gobierno.
La confrontación tiene lugar en tres campos de batalla. El jurídico, en el que el gobierno tiene todas las de ganar. La mayoría de los constitucionalistas entiende que la Corte no tiene atribuciones para oponerse a una modificación de la Constitución por parte del Congreso, tomada en los términos establecidos por la ley. Pero incluso si los ministros emiten un fallo en contra, la controversia terminará favoreciendo a la suma de dos poderes frente al tercero.
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