Por Jimena Ortiz - El Economista
Recientemente, se ha sido difundido entre expertos un documento titulado "Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad", el cual merece una revisión detallada. Este informe, producto del trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil, legisladores, representantes del sector privado, expertos fiscalistas y académicos, ofrece un análisis exhaustivo de las problemáticas económicas y fiscales en México. Estructurado en cuatro capítulos, aborda temas como la inversión en educación, salud, seguridad pública e infraestructura, la reforma del sistema de pensiones, la creación de un Consejo Fiscal y la necesidad de una Convención Nacional Hacendaria. Si bien es crucial disponer de un marco de referencia para las futuras decisiones legislativas relacionadas con una reforma fiscal, especialmente al inicio del próximo sexenio, cuando es probable que la discusión cobre fuerza, surge la pregunta: ¿Qué propuestas podrían efectivamente abordar los desafíos de solvencia que enfrentamos?
En el ámbito educativo, las estadísticas revelan una situación preocupante. Antes del brote de COVID-19, un 4.0% de la población de 15 años y más carecía de habilidades básicas de lectura y escritura, mientras que hasta el año 2018, 6 de cada 100 niños de entre 6 y 14 años no estaban matriculados en instituciones educativas. La interrupción de las clases presenciales desde marzo de 2020 exacerbó estos desafíos. Se estima que, debido a la pérdida de aprendizaje y el aumento en las tasas de deserción, este segmento poblacional podría enfrentar una disminución del 5.0% en sus ingresos laborales, lo que a su vez podría traducirse en una reducción del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante su vida laboral. Además, es crucial destacar que los recursos asignados a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 representaron el 11.2% del Gasto Programable para dicho año y apenas el 2.9% del PIB aproximadamente, cifras que están por debajo de las recomendaciones, tanto de la UNESCO como de la Ley General de Educación, que establecen una asignación mínima del 8% del PIB para este sector. Para alcanzar niveles óptimos de desarrollo, se requiere un aumento significativo en la inversión que permita cumplir con las recomendaciones internacionales y nacionales.
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