Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
En un hecho totalmente inusual, forzando la ley y arreglando todo para que aparezca como un acto plenamente legal, aunque se vea totalmente inmoral, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep, antes SAE) otorgó un contrato por cuatro años, de 2020 a 2023 y por 465.5 millones de pesos a una empresa para que le brinde “servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles para la zona este” y lo hizo por adjudicación directa, sin licitación pública y desestimando ofertas menores que habían presentado otras compañías.
Con el aval de la Secretaría de Hacienda y argumentando los artículos 134 de la Constitución y 40, 41 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto que fue creado por el presidente López Obrador para “transparentar y evitar la corrupción” en el manejo, venta y enajenación de los bienes decomisados al crimen organizado, a funcionarios corruptos y al pago de impuestos en especie y que sustituyó al antiguo SAE, decidió darle a la empresa TDR Transportes, con sede en Querétaro, un contrato multianual para la administración y servicios en sus bienes inmuebles.
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