- Primero, se encarece el coste inicial si lo financia la administración; después, los retrasos suben el precio final de la obra; se pacta una indemnización faraónica y cuando el yacimiento cierra, un ministro aprueba la compensación de prisa y corriendo
Pocas dudas quedan ya de que el proyecto Castor, el que iba a ser el almacenamiento natural de gas más importante de España, es un caso más de lo que los sociólogos del pan pringado llaman extracción de rentas públicas. Los tribunales están anulando pieza a pieza el procedimiento aprobado por el Gobierno de Rajoy (el ministro Soria, en concreto) para pagar una indemnización de 1.350 millones a la empresa concesionaria del almacenamiento (ACS), después de que la inyección de gas provocara casi mil terremotos, se detectara una fisura no prevista en la estructura del yacimiento y se denunciaran fallos administrativos.
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