PENSIONES EN LOS ESTADOS

Tintero económico

Alejandro Villagómez  / El Universal

Uno de los temas más opacos en la problemática de las pensiones públicas en el país se refiere a los programas que los Estados ofrecen a sus trabajadores. La complejidad estriba en que cada Estado es libre de determinar su propio esquema de pensiones conforme a lo que emite cada constitución local y su legislación reglamentaria correspondiente. Muchos de estos programas están pobremente diseñados y en muchos otros casos las valuaciones actuariales son inexistentes o se realizan esporádicamente y en pocos casos estos ejercicios son públicos. Esto complica la posibilidad de realizar una valoración adecuada de su situación financiera actual, a pesar de que este factor constituye un componente importante de la deuda futura de muchas de las entidades del país.

La mayoría de estos programas son de beneficio definido y pocos cuentan con los fondos de reserva necesarios y adecuados para hacer frente a sus compromisos futuros, y en algunos casos también presentes. El problema se agrava porque en su mayoría, estos programas otorgan el beneficio de pensión no con base en una edad de retiro, sino que se otorga en función de años de servicio. Usualmente un trabajador con 30 años de servicio tiene derecho a una pensión equivalente a 100% de su último salario. En muchos casos el salario base de referencia (o integrado) incluye otros beneficios, conceptos o prestaciones, lo que hace mayor la carga para el erario. Esto significa que si un trabajador ingresó a este mercado laboral a los 20 años de edad, podrá pensionarse a los 50 años. Considerando que la esperanza de vida actual de un mexicano en promedio es de aproximadamente 75 años, se estaría pagando una pensión durante 25 años. Que quede claro, el punto no es negar la relevancia de un beneficio o derecho laboral, al que ojalá todos los mexicanos tuviéramos acceso. El problema es la irracionalidad del diseño que termina significando una transferencia regresiva de recursos públicos.

Dada la importancia del tema, me parece oportuno y atinado que éste haya sido incluido por Pedro Vásquez Colmenares en su reciente libro sobre las pensiones en México. Me parece un buen ejercicio de sistematización de información usualmente pobre y de valoración del problema financiero que implica. De acuerdo con este autor, el pasivo contingente que se deriva de estos programas se estima en alrededor de 13% del PIB de 2010. Para clarificar la idea, cuando un trabajador ingresa a una dependencia pública y pasa a formar parte del programa de pensión existente, va generando un conjunto de derechos a beneficios definidos previamente por el programa y que se harán válidos cuando se cumplan los requisitos para el retiro. En este sentido se empiezan a generar pasivos laborales, los cuales son crecientes en el tiempo. Sin embargo, son contingentes porque no existe una certidumbre total de cuántos de estos trabajadores llegarán a cumplir con los requisitos para acceder al beneficio, ni durante cuántos años se pagará la pensión. En todo caso, son estimaciones en función de información laboral y demográfica existente.

En las últimas dos décadas se han reformado otros programas de pensiones: el del IMSS en 1997, el ISSSTE en 2007 y reformas recientes en el programa de pensiones de los trabajadores del IMSS (RPJ) y de la CFE. Pero en los Estados este proceso ha sido muy lento y ha existido una mayor oposición. Sin embargo, conforme pase el tiempo, el problema de estos programas será mayor y más complicado de resolver. De acuerdo con Vásquez Colmenares, de los 31 estados y el Distrito Federal, 15 enfrentan un fuerte problema en su sistema de pensiones que puede afectar seriamente su viabilidad. Estos estados son Colima, Guerrero Morelos, Puebla y Veracruz con muy alto riesgo. (Por cierto, Puebla realizó recientemente una reforma paramétrica a su programa). Por su parte, Durango, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México se ubicarían con alto riesgo. El resto de los Estados estarían en riesgo medio, aunque destacan Aguascalientes y el DF por su mejor posición. Finalmente, en al menos 7 Estados el problema ya es grave si se considera que actualmente ya reciben aportaciones extraordinarias para cubrir la nómina existente de pensiones.

Es claro que este problema debe ser enfrentado y formar parte de la agenda de la próxima administración. Es necesario actualizar las valuaciones actuariales bajo criterios estandarizados y realizarlas de manera sistemática así como retomar el esfuerzo realizado con la creación del Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones por parte del gobierno federal en 2007. Es necesario modificar su diseño para lograr su viabilidad financiera y eliminar aquellos aspectos que conducen a transferencias regresivas. El tema de las pensiones en los Estados es sólo una parte del complejo problema pensionario en nuestro país y que debe corregirse para garantizar que este beneficio llegue a toda la población bajo un sustento sólido y de largo plazo.