Ruth G. Ornelas* / El Economista
El
narcotráfico es un tema de mercados nacionales y/o internacionales de drogas
ilegales. Su análisis económico abarca los centros de producción, el tráfico,
decomisos y precios de las drogas, y los principales mercados de consumo. Para
un mejor entendimiento de estos mercados es importante distinguir el tipo de
droga a la que nos referimos (marihuana, cocaína, heroína, meta y anfetaminas),
pues cada una tiene características propias. Desde luego, hay que advertir que
México no puede abstraerse de las tendencias globalizadoras, por lo que se
tiene que contextualizar al país en el plano internacional, prescindiendo de
ello en este artículo por motivo de espacio.
En la
coyuntura actual, los mexicanos debemos explorar otras posibles soluciones a
esta problemática, abstrayéndonos de distractores que empantanan la discusión
cualitativa, impidiendo avanzar y profundizar en las ideas. Entre estos
distractores comunes está el perderse en el debate por la cifra exacta (no
existe tal, por tratarse de mercados ilícitos, aunque los rangos importan), la
sobresimplificación del problema en un muertómetro, el falso dilema de combatir
al narcotráfico o pactar con los cárteles, y la legalización (que no es igual a
la despenalización) de las drogas, sin estudiar los costos y efectos de esta
política que además implicaría incumplir con la normatividad internacional
vigente. No obstante, se pueden explorar políticas alternativas que nos lleven a
mejores resultados y buscar proactivamente, en forma simultánea, la
transformación de la arquitectura internacional en esta materia.
¿Por qué
ha sido tan costosa y poco efectiva esta política antidrogas del país? Cabe
destacar que en el periodo 2000-2005 el gasto público real en seguridad se
contrajo en 10%, mientras que en el periodo 2006-2010 creció en 78 por ciento.
De este gasto total en seguridad, 54% se canalizó a los estados y municipios,
39% a la federación y 7% restante a los fondos, transferencias y subsidios
relacionados con la seguridad, como el Fondo de Aportaciones en Seguridad
Pública, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo para el
Fortalecimiento Municipal y fondos metropolitanos.
El
problema fundamental de esta estrategia antidrogas es que el objetivo de EU es
diferente al de México: su objetivo central es minimizar la cantidad de drogas
que llegan a su frontera y que los traficantes logran internar en su
territorio. En cambio, el objetivo principal de México debe ser minimizar el
costo total del conflicto interno, es decir, la violencia (cárteles vs
cárteles, cárteles vs ejército y cárteles vs civiles), motivada por el negocio
del trasiego de drogas y, recientemente, por la creciente producción de
marihuana, amapola y metanfetaminas en el país.
El
combate a la producción de drogas es un conflicto entre el gobierno y los
productores sobre el control de la superficie cultivable. En cambio, el combate
contra el tráfico es un conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes sobre
el control de las rutas de trasiego y plazas. Ambas actividades representan un
costo para el gobierno, pero una de ellas en menor medida como se argumentará.
Para
Colombia, en el caso de la cocaína, un estudio que evaluó el Plan Colombia
estimó que un dólar adicional utilizado en el combate a la producción de
cultivos ilícitos reducía el costo del conflicto en 1.40 dólares; mientras que
un dólar utilizado en el combate al narcotráfico reducía el costo del conflicto
en sólo 0.09 centavos de dólar.
A su vez,
para EU, el mismo estudio sobre el Plan Colombia encontró que el costo marginal
para reducir en un kilogramo la cantidad de cocaína que llega a los mercados de
mayoreo estadounidenses es de 163,000 dólares, si la asistencia de EU se
utiliza en la lucha contra los productores de hoja de coca. Empero, el costo
marginal es de 3,700 dólares si esta asistencia estadounidense se utiliza para
la interdicción, es decir, para detectar y bloquear los cargamentos de drogas
ilícitas rumbo al mayor mercado de consumo.
Según
estos resultados, si el objetivo principal es reducir la cantidad de cocaína
que llega a EU, será más costo-efectiva una política pública que se concentre
en combatir al tráfico de drogas; mas si el objetivo es minimizar el costo
total de la violencia motivada por el trasiego de drogas, será más
costo-efectiva una política pública que se centre en la erradicación de
cultivos ilícitos.
Otro
factor importante detrás de esta costosa y poco efectiva política antidrogas es
el hecho de que el precio de la demanda por drogas es inelástica, como lo
confirman varios estudios. Esto significa que dicho incremento en precios casi
no tendrá un efecto sobre la cantidad demandada por los consumidores de drogas.
A su vez,
estos aumentos en los precios intensificarán el conflicto e inducirán una
respuesta estratégica mayor por parte de los traficantes ante la política
antidrogas instrumentada por el gobierno, sobre todo porque ahora estarían de
por medio mayores ingresos y, por ende, mayores ganancias.
Estas
ganancias extraordinarias de los cárteles hacen más costoso para el gobierno
mexicano este combate contra el narcotráfico, ya que ahora enfrenta a
traficantes mejor armados, con mejores tecnologías de transporte para el
trasiego, mejores equipos de telecomunicaciones, mayor capacidad financiera
para corromper, etcétera.
Con la
argumentación anterior, parecería ser más eficiente la alternativa de
concentrar esfuerzos y reasignar recursos en favor de la erradicación (manual o
de aspersión amigable al medio ambiente) de la marihuana y de la amapola, y
trabajar simultáneamente con los productores en proyectos productivos
alternativos sustentables. Es probable que así se pueda incidir de mejor manera
en la disminución de la violencia asociada a la competencia por rutas de
trasiego y plazas.
Al
responder a la política antidrogas del gobierno, los productores de cultivos
ilícitos y los narcotraficantes utilizan más intensivamente los factores de la
producción que no están sujetos a ataques. Para los narcotraficantes, los factores
complementarios a las rutas de trasiego son el armamento, los semisumergibles,
lanchas rápidas, aeronaves ligeras, pilotos, mulas, halcones y la corrupción de
autoridades, entre otros.
Para los
productores de cultivos ilícitos, los factores complementarios a la superficie
cultivable, en el caso de la cocaína, son los precursores químicos, microondas
(para secar las hojas de coca), tecnologías de extracción del alcaloide,
biotecnología de arbustos de coca resistentes y grandes, laboratorios, etcétera.
Otro
elemento importante a tomar en consideración es la geografía. Los
narcotraficantes tienen capacidad para reubicar sus operaciones en otros
países, según los incentivos. Por ejemplo, a medida que ha disminuido la
producción de cocaína en Colombia, esa reducción ha sido compensada
parcialmente con incrementos en la producción de cocaína en Perú y Bolivia.
Existe evidencia que la Federación de Sinaloa ha creado laboratorios de pequeña
escala para producir metanfetaminas en el estado de California y, en México,
ante la política de combate al narcotráfico, se observa un aumento en el
cultivo de marihuana y amapola.
Por todo
lo anterior, se puede concluir que la efectividad relativa de los recursos
públicos invertidos en el combate al narcotráfico ha sido baja; es decir, se
trata de una política pública costosa y poco efectiva en términos monetarios y
no monetarios. El cuadro (parte superior) muestra algunos resultados que
respaldan esta conclusión:
De
acuerdo con esos resultados, se puede inferir que los recursos públicos
invertidos por el gobierno en el combate contra el narcotráfico han sido menos
eficientes en relación con los recursos invertidos por los narcotraficantes, ya
que para el gobierno mexicano están aumentando los costos de reducir la
cantidad de cargamentos de droga que cruzan la frontera con Estados Unidos.
En un
país como México, productor tradicional de marihuana y amapola, y ahora de
metanfetaminas, y también un país de trasiego de la cocaína, se tiene que
evaluar cuál sería la política pública óptima congruente con las normas
internacionales:
- Si el gobierno opta por una política pública de erradicación de cultivos ilícitos solamente (acompañada por proyectos productivos alternativos de desarrollo sustentable para las comunidades).
- Si el gobierno elige una política de erradicación de cultivos ilícitos y decomisos de precursores químicos provenientes de Asia para evitar producir metanfetaminas.
- Si mejor se decide por una combinación óptima de erradicación (apoyada con proyectos productivos alternativos sustentables) y una política de despenalización del consumo de todas las drogas (experiencia portuguesa) en el marco de los convenios y tratados internacionales.
- O si el gobierno busca otra combinación de política pública que sea más costo-efectiva y que atienda el objetivo de minimizar los costos totales de la violencia actual derivada del trasiego de drogas en territorio nacional y de la competencia entre cárteles por rutas y plazas.
Es
momento de abrir la discusión, de reflexionar y ponderar las diferentes
alternativas de políticas públicas en la materia.
*Ruth G.
Ornelas, es economista e internacionalista egresada de la UNAM, tiene maestrías
por las universidades de Columbia y de Georgetown; también es miembro desde su
fundación del Grupo Huatusco.
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