El instituto emisor insiste en que la solución a la
crisis la tienen los países del euro
Thiago Ferrer Morini Madrid / El País
El Banco Central Europeo (BCE) ha recomendado a los países que
están sufriendo altas tasas de paro por los recortes en su gasto público una
batería de medidas estructurales que incluye reducir más los salarios y las
indemnizaciones por despido. La entidad presidida por Mario Draghi también ha
aplaudido la reforma laboral española, llegando a afirmar que “si se hubiera
aplicado años antes” habría reducido la destrucción de empleo.
El informe mensual del BCE incluye en su análisis sobre la situación
económica y monetaria en la Eurozona un anexo titulado Los procesos de ajuste
en la zona euro: progresos en Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal. En su
último epígrafe, La necesidad de más reformas estructurales y fiscales, la
entidad esboza una serie de medidas para “aumentar la competitividad global,
reducir el desempleo y restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Para
“aumentar la competitividad”, el BCE considera “urgente” el reducir “los costes
laborales y los márgenes de beneficio excesivos”, especialmente en los países
con un alto nivel de paro.
Para lo
primero, el banco emisor sugiere medidas como “reducir el salario mínimo”,
“relajar las leyes de protección laboral”, “permitir la negociación salarial a
nivel de empresa” y “abolir la interrelación entre salarios e inflación”.
Pero
reducir los costes laborales no es suficiente para incrementar la productividad
“permanentemente”. El BCE pone como ejemplos de medidas adicionales a tomar
“privatizaciones”, “innovación tanto en los procesos productivos como en la
creación e invención de nuevos productos”, “reforzar la formación de la mano de
obra” e “iniciativas para favorecer la creación de negocios”.
Para eso
el informe recomienda adoptar políticas “valientes” que lleven adelante una
serie de reformas estructurales. Entre estas reformas están “liberalizar las
profesiones cerradas y la inmigración”, “reorientar el gasto público hacia la
educación, la investigación y el desarrollo” y “reformar el sistema judicial y
regulatorio para hacerlo más favorable a los negocios”.
El BCE
también sugiere “audacia” a la hora de “enfrentarse a sectores privilegiados y
grupos de interés”. El informe identifica “márgenes de beneficio excesivos” en
“negocios orientados hacia un público local, especialmente en el sector
servicios”. La entidad cree que “pueden reducirse gastos” si se retiran
“obstáculos a la competencia [internacional]”, en particular en ciertos
sectores “protegidos”. Esto último puede lograrse si se rebajasen “las barreras
de acceso a nuevas empresas” o, simplemente, “reduciendo la burocracia”.
El anexo
también analiza la evolución de los países que han llevado a cabo recortes.
Según el informe, “los ajustes han permitido a los países recuperar en parte su
competitividad debido a la reducción de sus costes laborales”, aunque reconoce
que “parte de la mejora se debe a la destrucción de empleo en sectores de baja
productividad”. Inmediatamente, apunta: “El lado negativo ha sido un incremento
en la tasa de paro, especialmente pronunciado entre los jóvenes”.
El BCE
sugiere que el aumento del desempleo se debe a la “tardanza” de los actores
sociales en acordar una rebaja en los sueldos, y señala que desde el principio
de la crisis los salarios han disminuido “con retraso” (en el caso de Portugal)
o “de forma muy limitada” (en el caso de España y Chipre), aunque el BCE
califica de “amplia” la reforma laboral española.
La
insistencia del BCE en la rebaja de los costes laborales como solución al
desempleo se ve desmentida por los datos. En Irlanda, pese a ser el país donde,
según la OCDE, se han reducido más los costes laborales desde el principio de
la crisis, la tasa de desempleo sigue por encima del 14%. Además, en los cuatro
primeros años tras la explosión de la burbuja emigraron 99.000 irlandeses, un
2,2% de la población del país.
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