JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN / EL UNIVERSAL
Convengamos en que hoy en México la convivencia civilizada está sufriendo un grave deterioro. La percepción del ciudadano es que la inseguridad va en aumento, merced al incremento de las actividades del crimen organizado.
Los cárteles de la droga, en efecto, han acumulado tal capacidad de fuego y corrupción que han puesto en jaque a la nación. Cotidianamente recibimos noticias de asesinatos, secuestros y enfrentamientos que se registran en diversos puntos de nuestra geografía.
También, de manera recurrente, algunos hechos relacionados con las repercusiones sociales de la violencia cobran relevancia. El punto de atracción en estos días ha sido el diálogo entre el presidente Felipe Calderón y el núcleo social encabezado por el poeta Javier Sicilia.
Sin embargo, es obvio que el narcotráfico no es el único poder que rivaliza con el del Estado. Hay otras fuerzas presentes en la escena pública que también están poniendo en ascuas la supremacía de la ley y la autoridad pública. Claro, no portan armas, pero se han erigido en rivales de los intereses generales. Entre esas fuerzas están las clericales, monopólico-empresariales, mediáticas, caciquiles (regionales y sindicales). Vale la pena recordar, en vista del problema al que nos enfrentamos, que la democracia constitucional no reconoce poderes absolutos, vale decir, no sujetos a la norma jurídica.
Debemos precisar que, ciertamente, la democracia se nutre del pluralismo en los más diversos campos de actividad. En ese régimen los conglomerados económicos, culturales y políticos compiten entre sí en el marco de la ley y el respeto de la autoridad pública. El problema comienza cuando se trastoca recurrentemente la supremacía de la norma jurídica. Es a lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli llama Poderes salvajes (Madrid, Trotta, 2011). Con ese título alude a "la libertad salvaje y sin leyes" de la que habló Immanuel Kant (Principios metafísicos de la doctrina del derecho, & 47) como poder del más fuerte, en cuanto no está sujeto a límites ni reglas. La presencia de esos poderes salvajes es otro factor que propicia la incivilidad.
Está claro que las instituciones de la República no han sido impermeables a tales fuerzas incontroladas. Esas instituciones también han sido infiltradas por intereses creados para torcer la imparcialidad con base en la que, se supone, deberían actuar los funcionarios y representantes. Así, el Estado se pone al servicio de grupos oligárquicos en vez de atender a la sociedad en su conjunto.
A este fenómeno que se registra en el vértice corresponde, en la base de la pirámide, la mentira, la propaganda, la difusión del miedo con fines electorales, la exaltación del jefe, la difamación de los opositores, el embotamiento de las conciencias con espectáculos banales.
Para enfrentar a los poderes salvajes Ferrajoli propone: impulsar la pedagogía cívica dirigida a dar un nuevo fundamento a los valores del constitucionalismo democrático; adoptar el sistema proporcional como forma idónea para representar la pluralidad de las opiniones políticas; el fortalecimiento de instituciones de garantía independientes (pone como ejemplos al Trife y al IFE de nuestro país), y la creación de una esfera de lo indecidible en materia constitucional, o sea, lo que no puede estar sujeto a negociación, como los derechos de libertad, los derechos políticos y los derechos sociales. En suma, reconstituir la soberanía de la ley.
Convengamos en que hoy en México la convivencia civilizada está sufriendo un grave deterioro. La percepción del ciudadano es que la inseguridad va en aumento, merced al incremento de las actividades del crimen organizado.
Los cárteles de la droga, en efecto, han acumulado tal capacidad de fuego y corrupción que han puesto en jaque a la nación. Cotidianamente recibimos noticias de asesinatos, secuestros y enfrentamientos que se registran en diversos puntos de nuestra geografía.
También, de manera recurrente, algunos hechos relacionados con las repercusiones sociales de la violencia cobran relevancia. El punto de atracción en estos días ha sido el diálogo entre el presidente Felipe Calderón y el núcleo social encabezado por el poeta Javier Sicilia.
Sin embargo, es obvio que el narcotráfico no es el único poder que rivaliza con el del Estado. Hay otras fuerzas presentes en la escena pública que también están poniendo en ascuas la supremacía de la ley y la autoridad pública. Claro, no portan armas, pero se han erigido en rivales de los intereses generales. Entre esas fuerzas están las clericales, monopólico-empresariales, mediáticas, caciquiles (regionales y sindicales). Vale la pena recordar, en vista del problema al que nos enfrentamos, que la democracia constitucional no reconoce poderes absolutos, vale decir, no sujetos a la norma jurídica.
Debemos precisar que, ciertamente, la democracia se nutre del pluralismo en los más diversos campos de actividad. En ese régimen los conglomerados económicos, culturales y políticos compiten entre sí en el marco de la ley y el respeto de la autoridad pública. El problema comienza cuando se trastoca recurrentemente la supremacía de la norma jurídica. Es a lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli llama Poderes salvajes (Madrid, Trotta, 2011). Con ese título alude a "la libertad salvaje y sin leyes" de la que habló Immanuel Kant (Principios metafísicos de la doctrina del derecho, & 47) como poder del más fuerte, en cuanto no está sujeto a límites ni reglas. La presencia de esos poderes salvajes es otro factor que propicia la incivilidad.
Está claro que las instituciones de la República no han sido impermeables a tales fuerzas incontroladas. Esas instituciones también han sido infiltradas por intereses creados para torcer la imparcialidad con base en la que, se supone, deberían actuar los funcionarios y representantes. Así, el Estado se pone al servicio de grupos oligárquicos en vez de atender a la sociedad en su conjunto.
A este fenómeno que se registra en el vértice corresponde, en la base de la pirámide, la mentira, la propaganda, la difusión del miedo con fines electorales, la exaltación del jefe, la difamación de los opositores, el embotamiento de las conciencias con espectáculos banales.
Para enfrentar a los poderes salvajes Ferrajoli propone: impulsar la pedagogía cívica dirigida a dar un nuevo fundamento a los valores del constitucionalismo democrático; adoptar el sistema proporcional como forma idónea para representar la pluralidad de las opiniones políticas; el fortalecimiento de instituciones de garantía independientes (pone como ejemplos al Trife y al IFE de nuestro país), y la creación de una esfera de lo indecidible en materia constitucional, o sea, lo que no puede estar sujeto a negociación, como los derechos de libertad, los derechos políticos y los derechos sociales. En suma, reconstituir la soberanía de la ley.
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