domingo, 28 de febrero de 2010

REVISIONISMO MACROECONÓMICO

EMILIO ONTIVEROS / EL PAÍS
Nunca es tarde si la dicha viene de la mano de una actitud flexible y revisionista del FMI
Esta crisis ha puesto patas arriba muchas cosas. A los destrozos de riqueza ocasionados en no pocos sectores y a las pérdidas de bienestar derivadas de aumentos importantes en el desempleo hay que añadir algunos traumas de más complicada objetivación. El derivado de la excepcional actuación de los Gobiernos en los países con las economías y los sistemas financieros más avanzados es quizá el más destacado. La nacionalización de empresas financieras e industriales, la inyección por los bancos centrales de liquidez en cuantía desconocida y a unos tipos de interés de referencia históricamente reducidos o la aplicación de ingentes programas de gasto público conforman un repertorio de decisiones desconocidas entre las economías desarrolladas desde las que se adoptaron en los años treinta del siglo pasado durante la Gran Depresión.
La crisis también ha zarandeado principios e hipótesis considerados centrales en el análisis económico o en la teoría de las finanzas. Como no hay mal que por bien no venga, ese cuestionamiento ha dado paso a una activa discusión en el seno de la comunidad académica y profesional de la que, gracias a la conectividad que propicia Internet (y a las generosas contribuciones de ilustres blogueros), disfrutamos quienes estamos geográficamente distantes del epicentro de las controversias, que fue también el de la crisis financiera. Nunca antes tuvimos la oportunidad de contemplar a lo más granado de la profesión comparecer públicamente, mas allá de las discusiones de los seminarios universitarios o las sesiones de los congresos, permitiendo que otros académicos, profesionales, estudiantes y cualquier aficionado a la economía saquen partido de esta rica confrontación de ideas que está teniendo lugar en EE UU y el Reino Unido, fundamentalmente.
Las revisiones de las posiciones en liza realizadas en las páginas de The Economist (julio de 2009), las entrevistas de John Cassidy a algunos de los más emblemáticos profesores de la Universidad de Chicago publicadas en The New Yorker, o los blogs de profesores como Gregory Mankiw, Bradford DeLong, Simon Johnson, Gary Becker y Paul Posner, o el de Paul Krugman, son algunas de las sugerencias que hago a mis alumnos para que aprovechen la excepcionalidad del momento: nunca antes hubo oportunidades tan valiosas de transmisión y captación de conocimiento económico relevante en tiempo real a tan bajo coste. También para quienes tienen responsabilidades de política económica, el ámbito donde probablemente está siendo más relevante la contestación a la tradición.
Las paradojas no concluyen en la naturaleza de los tópicos que están siendo cuestionados, sino también en quien los está cuestionando. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución considerada guardián de la ortodoxia macroeconómica, está dando muestras de una flexibilidad analítica y una capacidad de adaptación sorprendentes. Lo ha hecho desde el inicio de la crisis, liderando una aproximación genuinamente keynesiana, comprensiva con la nacionalización de las entidades financieras en las economías con los sistemas financieros más complejos del mundo, y sugiriendo la activa contribución de los presupuestos públicos a la compensación del desplome de la demanda agregada en la mayoría de las economías de la OCDE. El FMI también anticipó las advertencias de prematura aplicación de las estrategias de salida: el abandono de las terapias excepcionales aplicadas durante la crisis. El ritmo de retorno a la normalidad en las políticas monetarias y presupuestarias en la economía británica es objeto hoy de otra controversia igualmente enriquecedora: un duelo en toda regla entre grupos muy cualificados de economistas no sólo británicos.
El FMI está convenciendo a sus socios de que también es capaz de reflexionar, de pensar en voz alta, aunque ello suponga arrinconar prejuicios y enfoques con los que hasta hace poco se aproximaba al tratamiento terapéutico de las crisis financieras. Algunos analistas recuerdan ahora la inamovible sugerencia de severo ajuste presupuestario con que las misiones del Fondo respondían sistemáticamente a los afectados por crisis financieras anteriores, que validaban aquella simplificación insinuada sarcásticamente en las iniciales en inglés de la institución, "It's Mostly Fiscal" (es más que nada fiscal). Es verdad que la actitud que ahora exhibe esa institución contrasta notablemente con la rigidez que fraguó el ahora olvidado Consenso de Washington, sugerido a las economías en desarrollo como guía protectora para la inserción en el proceso de globalización.
En dos muy sugerentes documentos (Staff nosition notes), el FMI formaliza esa actitud revisionista. El primero está firmado por su economista jefe, Olivier Blanchard (junto a Giovanni Dell'Ariccia y Paolo Mauro), y lleva por titulo Rethinking macroeconomic policy. La reconsideración que proponen es tanto más significativa en cuanto fue precisamente Blanchard quien anticipaba el "buen estado de salud de la macroeconomía" en agosto de 2008, (The state of macro, Working Paper 14259, NBER), cuando todavía dirigía el prestigioso departamento de economía del MIT. Ahora justifica su posición en ese panorama que ha revelado la crisis financiera global: políticos en un principio demasiado complacientes con el alcance de la recesión y, en todo caso, excesivamente confiados en las posibilidades de las herramientas disponibles, la de política monetaria fundamentalmente. Las forzadas reacciones posteriores han terminado de alterar el consenso existente sobre la conducción de las políticas macroeconómicas.
La más controvertida de las sugerencias que se hacen en ese documento es la tolerancia con una tasa de inflación más elevada que la asumida como objetivo por la mayoría de los bancos centrales (en torno a ese 2% que hace explícito el BCE), con el fin de disponer de mayor margen de maniobra en el manejo de los tipos de interés de intervención en situaciones extremas. El uso de la regulación para atajar burbujas en los precios de los activos o la aplicación de planes de gasto social en fases de caída de la actividad forman parte también de ese menú de sugerencias heterodoxas.
En el segundo de los documentos (Capital inflows: the role of controls) también se rompe con la tradición de la institución al sugerir a las economías menos avanzadas la posibilidad de introducir controles sobre los movimientos internacionales de capital (tasas y regulaciones especiales) con el fin de dosificar las entradas de capital especulativo y con ellas la formación de burbujas. El planteamiento es racional: subordina grandes enunciados, como el de la libertad incondicional de los movimientos de capital, a la evidencia y a la eficacia en el propósito de prevención de crisis financieras. Se trata, en definitiva, de "introducir arena en los engranajes del mercado", recurso desde hace tiempo reclamado para los mercados de capitales por expertos como George Soros y académicos como el Nobel Jaghish Bhagwati, que ahora ha saludado la medida con otro refrán universal: "Más vale tarde que nunca".
En efecto, nunca es tarde si la dicha viene de la mano de esa actitud flexible y revisionista de una institución tan respetable técnicamente como el FMI. Son este tipo de actitudes las que le acercan a la satisfacción de aquella aspiración de conversión en una organización verdaderamente ecuménica, global, que formuló John Maynard Keynes en la conferencia de Breton Woods, en 1944, ante sólo 44 Estados miembros. Hoy no queda ningún Estado fuera de la institución, y la renovación de su predicamento tendrá mucho que ver con ejercicios de honestidad intelectual, flexibilidad analítica y sano revisionismo, como el ofrecido en esos dos trabajos. La profesión esta de suerte.

LOS CHICOS DE LA QUIEBRA

PAUL KRUGMAN / EL PAÍS
Los republicanos han dadao marcha atras respecto a recortes de gasto que ellos mismos proppusieron
Vale, la bestia pasa hambre. ¿Y ahora qué? Ésa es la pregunta a la que se enfrentan los republicanos. Pero se niegan a responder, o incluso a participar en cualquier discusión seria sobre lo que se debe hacer.
Para los lectores que no sepan de qué hablo: desde Reagan, el Partido Republicano siempre ha estado dirigido por personas que quieren un Estado mucho más pequeño. Citando las famosas palabras del activista Grover Norquist, los conservadores quieren reducir el Estado "hasta un tamaño que nos permita ahogarlo en la bañera".
Pero siempre ha habido un problema político con este programa. Los electores pueden decir que se oponen a un Estado grande, pero los programas que realmente dominan el gasto federal -Medicare, Medicaid y la Seguridad Social- son muy populares. De modo que, ¿cómo se puede persuadir a los ciudadanos de que acepten grandes recortes en el gasto?
La respuesta conservadora, que se desarrolló a finales de los años setenta, se conocería durante los años de Reagan como "matar de hambre a la bestia". La idea -propuesta por muchos de los intelectuales conservadores, desde Alan Greenspan hasta Irving Kristol- consistía básicamente en que los políticos partidarios de ella se dedicaran al juego de "dar gato por liebre". En vez de proponer impopulares recortes del gasto, los republicanos defenderían populares recortes de impuestos, con la intención deliberada de empeorar la situación fiscal del Estado. Los recortes del gasto podrían venderse entonces como una necesidad más que como una opción, el único modo de eliminar un déficit presupuestario insostenible.
Y el déficit llegó. Es cierto que más de la mitad del déficit presupuestario de este año es consecuencia de la Gran Recesión, que por un lado ha hundido los ingresos y por otro ha requerido un aumento temporal del gasto para limitar los daños. Pero incluso cuando la crisis termine, el presupuesto seguirá claramente en números rojos, en gran parte como consecuencia de los recortes de impuestos de la era de Bush (y de las guerras sin respaldo financiero de la era de Bush). Y la combinación de una población envejecida y unos costes médicos en aumento conducirá, a menos que se haga algo, a un crecimiento explosivo de la deuda después de 2020.
Así que, según lo previsto, la bestia está pasando hambre. Por tanto, debería ser hora de que los conservadores expliquen qué partes de la bestia quieren suprimir. Y, de hecho, el presidente Barack Obama les ha invitado a hacer justamente eso al convocar una comisión bipartidista sobre el déficit.
A muchos progresistas les ha preocupado profundamente esta propuesta, ya que temen que se convierta en una especie de caballo de Troya (concretamente, que la comisión termine reviviendo el arraigado objetivo republicano de destruir la Seguridad Social). Pero no tienen de qué preocuparse: los senadores republicanos votaron mayoritariamente en contra de las leyes que habrían creado una comisión con algo de poder real, y es improbable que se consiga nada significativo con la mucho más débil comisión que Obama ha creado por decreto.
¿Por qué los republicanos son reacios a sentarse a hablar? Porque entonces se verían obligados a aportar algo, o si no, a callarse. Dado que se oponen categóricamente a reducir el déficit subiendo los impuestos, tendrían que explicar qué gastos quieren recortar. Y adivinen qué. Después de tres décadas abonando el terreno para este momento, siguen sin estar dispuestos a hacerlo.
De hecho, los conservadores han dado marcha atrás respecto a los recortes del gasto que ellos mismos han propuesto en el pasado. En los años noventa, por ejemplo, los congresistas republicanos trataron de imponer grandes recortes en Medicare (la asistencia sanitaria para los mayores de 65 años). Pero ahora han convertido la oposición a cualquier intento de gastar los fondos de Medicare de manera más sensata en el núcleo de su campaña contra la reforma sanitaria de Obama (¡paneles de la muerte!). Y quienes aspiran a la presidencia dicen cosas como lo que ha afirmado Tim Pawlenty, gobernador de Minnesota: "No creo que nadie vaya a echarse atrás ahora y decir 'vamos a eliminar, o reducir, Medicare y Medicaid".
¿Y qué pasa con la Seguridad Social? Hace cinco años, la Administración de Bush propuso limitar los pagos futuros a los trabajadores con ingresos altos y medios, que en la práctica significa evaluar los medios económicos para conceder las pensiones. Pero en diciembre, el editorial de The Wall Street Journal denunciaba cualquier evaluación de medios económicos porque "los electores de clase media y media-alta (es decir, los del Partido Republicano) recibirían menos de lo prometido a cambio de toda una vida de impuestos sobre sus nóminas". (Ya. ¿Y desde cuándo admiten abiertamente los conservadores que el Partido Republicano es el partido de los ricos?).
Por lo tanto, en este momento, los republicanos insisten en que el déficit debe eliminarse, pero no están dispuestos ni a subir los impuestos ni a apoyar recortes en ningún programa gubernamental importante. Y tampoco están por la labor de participar en debates bipartidistas serios, porque eso les obligaría a explicar su plan (y no hay ningún plan, excepto el de recuperar el poder).
Pero hay cierta lógica en la actual postura republicana: de hecho, el partido está redoblando la apuesta de matar de hambre a la bestia. Resulta que dejar al Gobierno sin ingresos no ha bastado para obligar a los políticos a desmantelar el Estado de bienestar. Así que ahora la estrategia de facto consiste en oponerse a cualquier intervención responsable hasta que estemos en medio de una catástrofe fiscal. Recuerden que lo leyeron aquí primero.

USAN PYMES TARJETAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO

66% de las empresas en México se financian con fondos internos y sólo 16.5 con bancos, señala economista
Ante la falta de cultura financiera, al menos cuatro de cada 10 micro y pequeñas empresas usan la tarjeta de crédito como mecanismo para solventar sus operaciones, por la facilidad para acceder a este tipo de recursos aún cuando son los más caros del mercado, señaló la especialista Nora Ampudia Márquez.
Durante la presentación del seminario "Financiamiento Bancario Opción para las Pymes" que organiza conjuntamente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Centro Bancario de Jalisco (CBJ) y la Universidad Panamericana (UP), la catedrática de la casa de estudios también señaló que si bien las empresas recurren al dinero plástico, la principal fuente de financiamiento del sector productivo continúa siendo la cadena de proveedores.
Ampudia indicó que tanto el uso del dinero plástico, como el de proveedores para apoyar la producción; en lugar de recurrir a esquemas de crédito empresarial diseñados por la banca, provocan efectos perversos en la economía.
Este tipo de crédito (el de proveedores) "genera una cadena de dependencia" y en caso de fracturarse, cuando alguno de los deudores incumple, puede poner en riesgo la situación del resto de las empresas, incluso de las saludables, añadió la economista.
Luego de señalar que el sistema financiero es la columna vertebral del sistema económico y sin crédito el desarrollo, así como la creación de empleos es imposible, Ampudia destacó la importancia de la participación de las instituciones bancarias en este proceso.
Sin embargo, para mejorar el crecimiento económico y atenuar las crisis hace falta la cultura financiera, pues en los hechos son pocas las empresas que recurren correctamente a un buen esquema de financiamiento.
"Por desgracia 66 por ciento de las empresas en México se financian con fondos internos y sólo 16.5 por ciento con bancos", mencionó Ampudia.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, únicamente 7.2 por ciento de las empresas mexicanas utiliza el crédito bancario y 67 por ciento de los micronegocios no están bancarizados, en tanto que 27 por ciento tiene al menos una tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques.
Con base en estudios de Master Card, la entrevistada dijo que sólo 3 por ciento tiene un préstamo o línea de crédito.
Por tanto, la administración de la cobranza y el flujo de efectivo son clave para la permanencia de las empresas.
Esto explica en parte porqué 45 por ciento de las Pymes sólo llegan a sobrevivir entre tres y cinco años y 55 por ciento restante puede llegar a sobrevivir 10 años.
Ampudia concluyó que la falta de financiamiento es la causa principal por la cual 40 por ciento de las empresas fracasan en nuestro país y en ocasiones la ausencia de crédito es atribuible a la falta de cultura financiera de los propios acreditados.
(Con información de El Financiero)

APREMIA LA OIC A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR CALIDAD DEL CAFÉ

La organización internacional advierte que se agotan las existencias del grano
El organismo señala que las cosechas se han visto afectadas por el cambio climático
La Organización Internacional del Café (OIC) apremió en Guatemala a los productores a mejorar la calidad e incrementar la producción del aromático de altura para encarar la cada vez más creciente demanda mundial, debido a que se están agotando las existencias.
El director ejecutivo de la OIC, Néstor Osorio, dijo que el café está “en un momento muy especial, en el sentido que orígenes de cafés arábigos lavados, como Colombia o Centroamérica, tienen un déficit de producción por razones inesperadas como las condiciones de clima”.
Explicó que Colombia perdió 30 por ciento de su producción en la cosecha 2008-2009, mientras que Centroamérica también tuvo bajas considerables, y “esto ha dado lugar a una situación de oferta apretada, que ha aumentado los diferenciales entre los cafés suaves y los cafés robustos”.
“Tenemos una demanda muy dinámica, un consumo que sigue creciendo a un ritmo superior a 2 por ciento anual. Osorio, de origen colombiano, puntualizó que “en el año 2000 el consumo mundial era de 104 millones de sacos de 60 kilos, en 2005 pasó a 115 millones y hoy registramos niveles de 132 millones de sacos de consumo en el mundo”.
Se cuenta “con una producción de 123 millones de sacos en los últimos cinco años y un pronóstico para este año cafetero de entre 123 y 126 millones de sacos de café”, lo cual implica que “se registra un apretado equilibrio entre la oferta y la demanda”, dijo.
Existe “una urgencia, en el sentido de que la producción mundial es deficitaria, las existencias en manos de productores están prácticamente agotadas”, afirmó en el segundo día de la tercera Conferencia Mundial del Café.
El secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Supachai Panitchpakdi, se refirió a la importancia del café en las economías de los países productores y en los esfuerzos por combatir la pobreza. Aseveró que “los gobiernos han perdido autoridad en la agricultura”, que se debe retomar para que en conjunto con los productores se impulsen acciones para aprovechar el enorme potencial de los alimentos básicos, como el café.
El encuentro, en el que participan un millar de productores, tostadores y compradores, tiene como objetivo analizar y tratar temas que permitan asegurar un futuro sostenible para la economía cafetera del mundo, así como los impactos negativos que está generando el cambio climático.
Osorio afirmó que esos efectos ya son visibles, especialmente en Colombia y varios países de Centroamérica, donde la producción ha menguado a causa de excesivas lluvias que dañan el cultivo.
“El calentamiento global es un tema que empieza a ser estudiado con mucha seriedad por parte de la organización y por todo el grupo de científicos que colaboran con nosotros, ya hay evidencia en ciertas zonas cafeteras con el aumento un tanto inusitado de plagas y enfermedades”, lamentó.
“Colombia perdió 3.5 millones de sacos por razón de una perturbación totalmente atípica, que obedece a un régimen de lluvias exagerado. En Centroamérica, hubo países como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, donde también ha habido impacto en el régimen de lluvias”, precisó.
“En Brasil también, por ejemplo, todos los ciclos de florescencia han estado perturbados, eso ha hecho difícil las (estimaciones) de producción, pero en fin, esperemos que haya una recuperación en las próximas cosechas y que el clima sea benigno, pero los productos agrícolas son siempre sujetos a esa eventualidad”, confió.
La tercera Conferencia Mundial del Café concluirá sus sesiones el domingo, en un acto encabezado por el presidente anfitrión Álvaro Colom, cuyo país es el quinto productor mundial del grano. También participarán el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, entre otros.
En la sesión inaugural participaron por México, el subsecretario de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, y el coordinador Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, Rodolfo Tramphe.
Fuente: La Jornada

FINANCIAMIENTO PRIVADO ENCARECE 65% LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Cada kilómetro construido con recursos públicos y de la IP saldrá en $37.9 millones
No obstante que la erogación se dispara, este año la mayoría de las vías que se desarrollen serán financiadas mediante asociaciones, que garantizan explotación hasta por 15 años
Susana González G. / Periódico La Jornada

Cada kilómetro de la red carretera nacional que se construya durante 2010 mediante las asociaciones público-privadas costará en promedio 37.9 millones de pesos, monto 65 por ciento superior respecto de la misma extensión que se erija sólo con recursos públicos, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
No obstante la diferencia de costos, tres de cada cuatro kilómetros nuevos que se construyan este año serán financiados mediante las citadas asociaciones –también llamadas proyectos de prestación de servicios PPS–, que garantizan a las empresas que ganan la concesión de una carretera, el derecho a un contrato directo para mantenerla y operarla entre 15 y 30 años, a cambio de un pago trimestral proveniente del presupuesto federal.
La SCT tiene una cartera de 53 proyectos carreteros en marcha o por licitarse en 2010 bajo el esquema de los PPS, según el informe Asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero de México 2010 que la dependencia promociona entre el sector empresarial.
La mayor cartera de proyectos en décadas: Molinar Horcasitas
Se trata de la cartera más grande de proyectos de infraestructura disponibles a desarrollar que haya tenido el país en décadas, según dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, al presentarla el viernes pasado en un seminario de oportunidades de negocios de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), donde incluso ofreció que la SCT puede fungir como mediador entre la banca internacional y los contratistas para materializar más rápido los proyectos.
Esos 53 proyectos carreteros abarcan en conjunto 3 mil 46 kilómetros de longitud e implican una inversión de 115 mil 660 millones de pesos, por lo que el costo promedio por cada kilómetro que se construya ascenderá a 37.9 millones de pesos.
En tanto, bajo el esquema de construcción tradicional que sólo depende del presupuesto federal se asignarán 23 mil 83.9 millones de pesos para 215 obras de construcción y modernización de mil 8.2 kilómetros de carretera, lo que significa que cada kilómetro nuevo costará 22.8 millones de pesos. Una diferencia de más de 15 millones de pesos por kilómetro entre ambos tipos de financiamiento.
Los PPS para el sector carretero arrancaron a la mitad del sexenio de Vicente Fox, en 2003, y el gobierno del presidente Felipe Calderón lleva diez proyectos concluidos con 770 kilómetros de obras nuevas o modernizadas, como el libramiento norte de la ciudad de México y las carreteras Tepic-Villa Unión, Monterrey-Saltillo, Amozoc-Perote o Morelia-Salamanca, entre otras.
Para este año, el documento de la SCT precisa que ya se tienen 45 proyectos carreteros en proceso, con una longitud total de 2 mil 323 kilómetros y 89 mil 610 millones de pesos, divididos en: 18 obras en marcha, 11 por iniciar vinculadas a concesiones existentes, ocho adjudicadas también por iniciar e igual número en licitaciones por concluir.
Adicionalmente, se licitarán las concesiones de nueve proyectos carreteros también bajo el modelo de asociaciones público-privadas, que implican una inversión en conjunto de 26 mil 50 millones de pesos para 723 kilómetros de longitud.
La SCT justifica el diseño y consolidación de los esquemas de asociación público-privados debido a la insuficiencia de los recursos públicos frente a las inversiones que se requieren para construir, modernizar y conservar la red carretera.
Incluso, desde noviembre del año pasado, el Ejecutivo federal envió una iniciativa al Congreso de la Unión sobre este esquema de inversión para ampliar los plazos de las concesiones, de dotar de mayor seguridad jurídica a quienes arriesgan sus capitales en los proyectos de infraestructura y agilizar las licitaciones.

PROMUEVE FAO A PRODUCTORES DE TRANSGÉNICOS, DICE PAT MOONEY

Las empresas buscan que los gobiernos autoricen los transgénicos para aumentar ganancias
FAO, aliada de trasnacionales para impulsar biotecnología: Grupo ETC
En el encuentro de Guadalajara soslayan aspectos socioeconómicos y científicos clave, señala
Angélica Enciso L. / Periódico La Jornada
Detrás del llamado de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) a que los países en desarrollo usen la biotecnología para acabar con el hambre y la inseguridad alimentaria está el interés de las grandes trasnacionales, cuyo único fin es obtener ganancias, señala Pat Mooney, director ejecutivo del Grupo ETC.
Este lunes comienza en Guadalajara la conferencia técnica internacional Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo, de la FAO, y Pat Mooney, uno de los pocos miembros de la sociedad civil que estaba en el comité asesor internacional, presentó su renuncia hace unos días. Consideró que los preparativos para este encuentro entre gobiernos y científicos están “irremediablemente sesgados y soslayan aspectos socioeconómicos y científicos claves”.
El Grupo ETC es una organización mundial de la sociedad civil con sede en Canadá; tiene una larga historia de trabajo con la FAO y en temas relacionados con la biotecnología. Mooney agrega en entrevista que el organismo internacional habla de biotecnología en general, pero en el centro de ella están los transgénicos y a las empresas no les interesa solucionar esos problemas de hambre que señala la ONU, porque “los pobres no pueden pagar”.
–Representantes de la FAO se quejaron de que en la prensa mexicana ya se señala que la conferencia de Guadalajara es para apoyar los transgénicos, y dijeron que además de estos hay otros desarrollos de biotecnología, ¿cuál es la diferencia entre ellos?
–La biotecnología abarca muchas cosas, pero lo que ahora está en debate en todo el mundo, lo real, lo que causa problemas, son los transgénicos. Los textos de la FAO y esta actitud de confundirlo todo, de insistir en no diferenciar los transgénicos como un problema y tratar de poner todo en un mismo saco titulado ‘biotecnología’ parece una cortina de humo para tapar los problemas.
“Sobre esta confusión han superpuesto la imagen de que la única salida para que los países del sur enfrenten el hambre es adoptar la biotecnología. Pero en la realidad, el núcleo de la biotecnología agrícola son los transgénicos, por lo que la conferencia de la FAO está promoviendo los intereses de seis multinacionales que controlan dichos cultivos en el mundo”.
–La reunión va dirigida a que los países en desarrollo adopten estas tecnologías, para lo que recurren al argumento del hambre y la escasez de alimentos. ¿Qué hay detrás de esto?
–La protección de los intereses de la industria biotecnológica para obtener más ganancias. Dicha industria está controlada por trasnacionales, las cuales nunca se han interesado por alimentar a los pobres, porque ellos no pueden pagar. Prueba de ello es que de toda la investigación y desarrollo que registran las empresas, casi las dos terceras partes son rosas y crisantemos, no cultivos alimentarios. No les interesa el hambre ni los pobres.
–¿A qué atribuye el interés de la FAO porque esta reunión se realice en México?
–El mayor interés no fue de la FAO sino del gobierno de México. Creo que al ver lo sesgado del proceso, se propusieron como anfitriones, con la esperanza de lograr que una conferencia internacional declare que se necesitan transgénicos para poder alimentar el mundo en el 2050. De esa forma se sentirían legitimados, aunque estén destruyendo la diversidad genética del país y sus bases alimentarias.
–¿Qué relación hay entre Monsanto o Dupont con la FAO, y tendrán algún papel en la conferencia?
–En los documentos base de la conferencia, Monsanto es referida varias veces, siempre en forma positiva, a pesar de que esa empresa ejerce rutinariamente, mediante sus patentes monopólicas, enormes limitaciones para desarrollar investigación científica. Esto, además de los impactos sobre los agricultores, los juicios contra ellos, que no se mencionan. Parecería que el documento quiere lavar un poco la imagen tan degradada de esta trasnacional en el mundo.
“En la conferencia también estarán presentes las empresas. No se ha distribuido la lista de participantes, pero me sorprendería muchísimo si no hubiera ejecutivos de Monsanto en las delegaciones, por ejemplo, de Estados Unidos y quizá la de México y otras naciones. Siempre lo hacen, y de esta forma parece que en la conferencia hablan los gobiernos, pero en realidad lo hacen las empresas”.
–¿Hay urgencia por propagar el cultivo de transgénicos?
–No hay ninguna urgencia motivada por causas reales, es decir, por necesidad de la gente. Sin embargo, para Monsanto, que virtualmente tiene el monopolio de los transgénicos agrícolas, es urgente romper las resistencias oficiales a los transgénicos, por ejemplo para avanzar en Europa, uno de sus principales mercados. Pero también les interesan los países del sur global, porque en muchos encuentran mayor “flexibilidad” gubernamental y les sirve para mostrar que cada vez hay más naciones que permiten transgénicos.

CHINA Y EU EL DILEMA DE JAPÓN

Monserrat Loyde / El Universal
El mes pasado se cumplieron 50 años de la firma del Tratado de Seguridad entre EU y Japón que permitío tejer la alianza de cooperación militar y política para defender la isla —y de los intereses norteamericanos— con la concesión de bases áereas y navales de marines en Okinawa. El Tratado fuera de las fronteras de Japón es también considerado un mecanismo de defensa para Asia-Pacífico.
Días previos al aniversario, los países se reunieron en Honolulú, Hawai, para refrendar el acuerdo. En la prensa y en la opinión pública se habló de la relocalización de la estación del cuerpo aéreo de marines Funtenma en Ginowan, Okinawa, acordada en 2006 pero que el gobierno de Yukio Hatoyama decidió no resolver hasta mayo próximo. Algunos líderes del Partido Democrático, hasta hace poco en la oposición, abogaron por un equilibrio de la alianza e incluso por un retiro gradual de las bases americanas.
Hilary Clinton dijo en conferencia de prensa que “la alianza con Japón es la piedra angular en el compromiso de EU y el pilar esencial en la arquitectura de la región”, y subrayó que el pacto de seguridad “no está dirigido contra ningún adversario”. Pero el discurso cobra relevancia por la necesidad de reconfigurar esa alianza en los términos que supone el ascenso de China, no sólo como poder económico. También, es un posicionamiento de los intereses norteamericanos en la región ante los nuevos líderes japoneses.
Las relaciones entre Japón y China históricamente han sido antagónicas en la esfera política, pero de cooperación y dependencia en la económica. Sus líderes pueden estabilizar las relaciones, o afectar la seguridad y la paz de las mismas. Al asumir el poder, el Primer Ministro japonés manifestó el deseo de recomponer el vínculo con China. Su discurso le ha dado enfásis a lo económico. Para los escépticos, hablar de una nueva “relación estratégica recíproca” con China y de fortalecer la presencia japonesa en la región con mecanismos bilaterales, trilaterales y multilaterales, en lo que llamó la “Comunidad del Este de Asia”, pueden ser meros signos retóricos. Pero los encuentros en el marco de la Asociación del Sudeste de Asia más 3 (Japón, China y Corea) sin la presencia de EU serían muestra positiva en la reorientación de esas relaciones.
Sin embargo, llama la atención que en un sondeo del gobierno, previo a la elección, el 76.4% respondió que la alianza con Washington ha sido útil, el 73% afirmó que siente cercanía con los estadunidenses y el 66.6% se oponía a una alianza con Pekín. Queda claro que desde la posguerra y paradojicamente con la derrota a manos de Estados Unidos, los japoneses aceptan y perciben con más confianza esa alianza que una hipotética con China.
No hay duda de que el poder económico chino tiene importancia mundial. En los años de su “milagro” Japón fue llamado el “gigante de Asia”; ahora ese mote es para China. Se dice que lo reemplazará como la segunda economía del mundo y que por tanto hoy en día el diálogo con China en asuntos globales y regionales es indispensable, y se espera a que tome el timon hegemónico en el este de Asia.
Tokio hasta la fecha ha sido el interlocutor asiático de Washington. Ahora con Pekín hay un diálogo más allá del comercio y las finanzas, sobre las armas nucleares, el terrorismo, el cambio climático y la seguridad regional con el problema norcoreano. Pero Japón es aún la segunda economía del mundo y el segundo contribuyente financiero en la mayoría de los organismos internacionales, incluyendo la ONU, el FMI y el BM. Es el primer socio comercial asiático de Estados Unidos; y tiene a China como su mayor socio.
Hasta el ascenso económico chino, Japón y EU eran los dos poderes indisputados en la región. Pero hay temas críticos que pueden medir las fuerzas de las alianzas bilaterales entre los tres: Taiwan, por ejemplo. Para China es un tema estratégico que defiende como un asunto interno y de interés nacional. Ha dejado claro que no dará paso a ninguna negociación.
El anuncio de la venta de armas a Taiwan puede ser una sacudida en las relaciones sino-estadounidenses. La alianza de Japón con Estados Unidos es indispensable para la presencia militar en Asia Pacífico, y la amenaza de China a sus intereses es real. La rivalidad resulta estratégica para Washington, puesto que en los temas de seguridad regional Tokio está atado a un pacto que lo convierte en un aliado natural.
Se antoja difícil que Japón redefina su papel entre ambos poderes y sirva de estabilizador en las relaciones que se tejen entre Estados Unidos y China. El acercamiento del Primer Ministro Hatoyama hacia China aún no puede ser interpretado como una seña para dejar atrás la llamada “media década perdida” de la era Koizumi.

¿Y TU GRIPE? BIEN GRACIAS

Jean Meyer / El Universal
Hace un año teníamos ya encima un gripón de tipo nuevo: ya no aviar, sino porcino; lo esperaban en Asia y surgía en América del Norte. Después del aviso dado por nuestras autoridades, la OMS anunció en abril de 2009 el paso inminente al resto del mundo de una pandemia de H1N1. En realidad en el otoño de 2008, el virus andaba ya en EU y cuando nos pegó fuerte desde la Navidad, lo hizo disimulado por la gripe estacional de cada año y se destapó hasta marzo.
Ahora la OMS va a declarar el fin de la pandemia de A H1N1, el paso a una fase de transición a la normalidad, porque “el virus está en retirada en casi todo el mundo”. ¿Menos en México donde ha rebotado con el mal tiempo? Sabemos que nos afectó un nuevo virus, de la familia de la gripe “española” (1918-1919) que mató entre 20 y 60 millones de personas. El H1N1 reapareció en 1970 en EU con la gripe porcina dizque “rusa” y el 16 de abril de 2009 los científicos estadunidenses aislaron su cuarta generación, nuestro A H1N1, resultado de una combinación entre virus porcino, humano y aviar.
Nuevo: no había circulado nunca entre los humanos, y sin que se sepa, por qué tuvo una impresionante velocidad de propagación. El virus es tan letal como la gripe “normal”, con casos agudos que explican las habladas hospitalizaciones. Por eso la OMS declaró la primera “pandemia” del siglo XXI. Para la OMS, no era una sorpresa y desde la amenaza de la gripe aviar, letal en más de la mitad de los casos, aparecida hace seis años, existe una estrategia antipandemia. México la siguió al pie de la letra, lo que le valió felicitaciones y grandes pérdidas en la rama del turismo.
La pandemia se apartó del guión. ¡Qué bueno! Pero despertó la desconfianza y la duda entre la población, tanto en México como en Europa. En efecto, si bien se dio el contagio rápido y la propagación mundial, resultó mucho menos letal de lo que se temía: nada que ver con la aviar o la española, ni con la asiática que mató un millón de personas en 1950. Esto confirma, un complot político para desviar la atención de los problemas reales; en otros países, en una conspiración mundial entre gobiernos y grandes firmas farmacéuticas, a la hora de la crisis económica mundial.
La empresa Euler estimaba, en 2009, que la pandemia pudo significar para las compañías una actividad financiera de 6 mil millones de dólares (actividad, no beneficios). Nuestro virus habría representado mil 500 millones de dólares para Sanofi-Aventis, GSK y Novartis. La vacuna no permitió realizar grandes beneficios porque los gobiernos negociaron precios muy “cerrados” y porque las campañas de vacunación masiva han fracasado especialmente en los países más desarrollados. En México, 40% de los médicos no han querido vacunarse. La sospecha llegó para quedarse, lo cual es doblemente peligroso.
Primero, porque la gente desconfía todavía más de las vacunas en general; segundo, porque la ausencia de tragedia no significa que haya que bajar la guardia; si las mutaciones hubieran vuelto el virus más mortífero… mejor ni pensar. ¿Se pecó por exceso de prudencia? Sí y no. Las decisiones de la OMS, dicen serios científicos, fueron bastante correctas y lo que se debe criticar, el alarmismo, el pánico exagerado, se debió a la falta de información, o a su tardanza. El médico Salvador Macip, autor del libro Las grandes plagas modernas lamenta la posible consecuencia de lo que estamos acabando de vivir: “Si llega una pandemia grave, pasará como en Pedro y el lobo, no lo creeremos” (El País, 19 de enero de 2009: 36). No es fácil explicar que existe siempre la probabilidad de una mutación letal y de que un nuevo virus contagioso mate a millones. H1N1 no lo hizo, pero el peligro puede surgir en cualquier momento.
La gripe, transportada por las aves migratorias, es tan vieja como el mundo y es la más antigua forma de globalización. Nos llama a la modestia y a la prudencia, nos recuerda que no hay fronteras cerradas entre las plantas, los animales y nosotros, que somos vulnerables al contacto con estas otras formas de vida que son los virus. Con la retirada de H1N1, la burbuja mediática olvidará un problema que existirá siempre.



sábado, 27 de febrero de 2010

ZEDILLO: NOMBRAMIENTO Y PAGO DE FACTURAS

De acuerdo con información proporcionada por la trasnacional financiera estadunidense Citigroup –propietaria del segundo banco más importante de nuestro país, Banamex– el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se incorporará como miembro del consejo de administración de esJustificar a ambos ladose consorcio en abril próximo, durante la reunión anual de accionistas.
A primera vista, el nombramiento podría pasar como reconocimiento a la reputación de “economista experto” que el ex mandatario se ha forjado desde que, a su salida del cargo en diciembre del año 2000, se dedicó a moverse en distintos ámbitos empresariales, académicos y en organismos financieros, lo cual lo ha llevado a desempeñarse como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato.
Esta supuesta virtud colisiona, sin embargo, con la impericia económica con que el egresado de la Universidad de Yale se condujo durante sus años en el poder. Debe recordarse, por principio de cuentas, la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, en la que confluyeron por igual las maquinaciones inconfesables del gobierno de Carlos Salinas y la incompetencia económica de su sucesor, por más que el primero se empeñe en sostener –como ocurrió el pasado martes– que ese quebranto económico fue responsabilidad exclusiva del segundo. Pese al enorme costo que esta crisis arrojó en términos de pobreza y zozobra social, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a los estratos medios y bajos, y emprendió, en cambio, sendos procesos de “rescate” en favor de un puñado de empresarios.
En consonancia con la oleada privatizadora desatada durante el salinato, Zedillo impulsó y logró la aprobación de modificaciones legales que permitieron a firmas extranjeras –Citigroup, entre ellas– hacerse de la propiedad de los activos del sistema bancario en México. Al mismo tiempo, el flamante consejero de Citigroup socializó los pasivos de las empresas privatizadas en el sexenio anterior, y su gobierno alentó, diseñó y ejecutó, con el respaldo de legisladores priístas y panistas en el Congreso de la Unión, un “rescate bancario” que constituye el mayor atraco a las arcas públicas en la historia del país.
Si el desempeño de Zedillo en el ámbito económico deja mucho que desear, su papel en el terreno político lo vuelve, además, un personaje impresentable. Pese a que en el ámbito internacional el ex titular del Ejecutivo federal suele presentarse como el impulsor de la “transición democrática” en el país por no haber impedido el triunfo electoral de su sucesor, el panista Vicente Fox –lo cual, a fin de cuentas, no implicó más que el acatamiento de una obligación legal–, no puede soslayarse las facetas del Zedillo represor, el promotor de políticas contrainsurgentes en Chiapas y Guerrero, y el responsable político último de masacres como las de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y El Charco (1998). Es decir, a partir de abril próximo, Citigroup contará con un consejero cuyo historial arrastra serias acusaciones que no han sido plenamente investigadas y esclarecidas.
Ante los elementos de juicio disponibles, la incorporación de Zedillo Ponce de León como alto ejecutivo del consorcio estadunidense se explica, ante todo, como un pago de facturas y un premio, así sea tardío, a la trayectoria de servidor de los intereses empresariales y financieros trasnacionales –a contrapelo del bienestar del país– que ostenta el ex mandatario.
Fuente: La Jornada

UNA CENA DE "HEDGE FUNDS" PARA COMERSE AL EURO

'The Wall Street Journal' detalla la cita en la que varios fondos de riesgo, con Soros presente, pactaron debilitar al euro
El FMI sugiere craer una moneda que suplante al dólar como reserva
Algunos de los mayores fondos de inversión de alto riesgo, los conocidos como hedge funds, han decidido apostar contra el euro mientras crecen las dudas sobre la solvencia de Grecia, ha informado el diario The Wall Street Journal. Los responsables de las principales entidades de ese tipo, como SAC Capital Advisors o Soros Fund Management, de George Soros, se reunieron, según ese periódico, a principios de febrero en Nueva York para abordar una postura común en contra del euro y se mostraron confiados en que la divisa europea podría caer hasta conseguir la paridad con el dólar.
El diario detalla que en la reunión, celebrada en forma de una cena privada, los titanes de los hedge funds debatieron sobre inversiones relacionadas con la actual crisis europea y subrayaron cómo el euro ha perdido el 10% desde noviembre por las preocupaciones surgidas ante la situación económica de Grecia. Algunos de los responsables de esos fondos, como el directivo de SAC Capital Aaron Cowen, aseguraron que, sea cual sea el desenlace de la crisis griega, ésta llevará con seguridad al euro a perder terreno ante el dólar, por lo que la tendencia a seguir sería una fuerte apuesta en contra de la moneda comunitaria.
Una oportunidad para hacer dinero
"Esta es una oportunidad para ganar mucho dinero", ha asegurado a The Wall Street Journal Hans Hufschmid, un antiguo ejecutivo de Salomon Brothers y actual directivo del hedge fund GlobeOp Financial Services. El diario neoyorquino, que recuerda cómo el euro se cambiaba a 1,51 dólares en diciembre y ahora se encuentra alrededor de 1,35 dólares, explica así que la apuesta común a favor de la depreciación del euro llevaría a los fondos de inversión de alto riesgo a conseguir grandes ganancias.
The Wall Street Journal recuerda cómo George Soros llevó a cabo una operación similar en 1992 en contra de la libra esterlina que supuso un beneficio de mil millones de dólares para los inversores cuando se hundió la moneda británica. Los fondos de inversión de alto riesgo celebran reuniones similares con asiduidad para acordar posturas de las que se puedan beneficiar mutuamente y, según detalla el diario, en 2008 se llevó a cabo una en la que se apostó por ir en contra de los valores de Lehman Brothers, algo que aceleró su desplome poco después.
Fuente: El País

2009: MÁS DEBILIDADES QUE FORTALEZAS

Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Los daños ocasionados por la crisis financiera global a la economía mexicana fueron desastrosos: contrajo fuertemente las exportaciones manufactureras, redujo severamente la inversión privada, hubo menos remesas, y el precio del petróleo fue menor. Por si fuera poco, en 2009 el país tuvo que hacer frente a una emergencia de salud pública provocada por el virus A/H1N1; una sequía; un aumento en la percepción de inseguridad pública, y una caída en la producción petrolera. Todo lo anterior contribuyó a un desplome en el valor de los bienes y servicios de uso final que se produjeron durante todo 2009. Así la caída registrada del PIB fue de 6.5% con respecto al de 2008.
No obstante la gravedad del resultado en el desempeño de la economía mexicana, esto abre la oportunidad para analizar sus fortalezas y debilidades. Es el momento de valorar los instrumentos que tiene el gobierno, de medir su efectividad, y además preguntarse si requiere otros instrumentos o incluso fortalecer de los que dispone.
En la crisis económica de 1995 la pérdida en el número de trabajadores asegurados en el IMSS fue de poco más de 1 millón entre el punto más alto (noviembre de 1994) y el más bajo (septiembre de 1995). El decremento en el PIB fue de 6.2%, y el descenso más pronunciado se registró en el segundo trimestre con 9.2% con respecto al mismo período del año anterior. En esa crisis hubo cuatro trimestres con crecimiento negativo, y la recuperación del nivel de trabajadores asegurados en el IMSS tardó 29 meses, a pesar del vigoroso impulso recibido por las exportaciones como resultado del TLCAN. En adición, en 1995 quebró el sistema bancario, la inflación subió al 52% y el tipo de cambio se depreció en promedio casi 90%.
En esta ocasión la pérdida en el número de trabajadores asegurados por el IMSS fue de 696 mil entre el pico (octubre de 2008) y el piso (mayo de 2009). Esta crisis se caracterizará por 5 trimestres de crecimiento negativo, aunque el cuarto trimestre de 2009 casi logra cerrar tablas. A la recuperación del empleo, medido por esta variable del IMSS, le faltan todavía más de 488 mil asegurados. Desde este ángulo, la economía formal mexicana pudo aguantar mejor el golpe. Sin embargo, visto desde la tasa de desempleo de la población económicamente activa que incluye el empleo informal, la recuperación está aún lejos de afianzarse. En mayo de 2008 esta tasa fue del 3.24% y contrasta con el 5.87% de enero de 2010.
En la crisis de 1995 la economía mexicana careció de instrumentos y la fuente de recuperación fueron las exportaciones. En ese año incluso el manejo de las finanzas públicas obligó a una reducción draconiana del gasto público para enfrentar la caída de la recaudación tributaria y compensar la falta de financiamiento externo. Recuérdese que a México se le cerró el acceso al mercado de capitales para financiar la expansión de su infraestructura, y que por ello se crearon los famosos “pidiregas”.
En 2009 la historia ha sido diferente. El sistema bancario se ha mantenido sólido, la tasa de inflación cerró en 3.6% y el tipo de cambio se depreció en promedio 21%. Aunque está lejos de lo que el país necesita, la política fiscal fue expansiva como no se había visto en varias décadas. Se pudo aumentar el gasto público a pesar de la reducción tanto de la recaudación tributaria como de los ingresos petroleros gracias a los siguiente: al uso de los recursos depositados en los fondos de contingencia que se constituyeron con una parte de los excedentes petroleros generados en los años anteriores; por los ingresos recibidos por las coberturas de precio de petróleo; el remanente de operación del Banco de México y por el acceso al endeudamiento público tanto interno como externo. De esta manera la inversión física del sector público, incluida la de Pemex, pudo crecer 40% con respecto a la registrada en 2008. Sin embargo, lo que se logró mitigar fue poco, entre otras razones porque el sector público mexicano en su conjunto incluyendo a los tres órdenes de gobierno, es muy pequeño en relación a las otras variables que componen la demanda agregada como lo son, en orden de importancia, el consumo privado, las exportaciones y la inversión del sector privado.
¿Pudo haber sido mayor el impulso fiscal para haber amortiguado mejor el choque externo? Con los instrumentos a su alcance, la debilidad tributaria existente, perspectivas de una lenta recuperación en la producción petrolera, y la expectativa de una tasa de crecimiento baja, la contestación categórica es no. Se incurrió al endeudamiento público hasta donde los inversionistas creen que se sostiene la capacidad de pago del gobierno.
Precisamente por todo lo anterior, los mexicanos debemos continuar presionando para que el gobierno tenga y alinee los instrumentos a dos objetivos: elevar la tasa de crecimiento económico y generar millones de nuevos puestos de trabajo. De no hacerlo todo lo demás será demagogia.



DOS PROBLEMAS Y UNA MISMA MEDICINA

Enrique Calderón Alzati / La Jornada
Si tuviéramos que decidir cual de los problemas que día a día tenemos que enfrentar los mexicanos es el más preocupante, seguramente tendríamos que reflexionar en torno a la inseguridad y la pobreza, o quizás también la falta de esperanza de un futuro mejor. Es claro que para los recientes gobiernos que hemos venido padeciendo, la pobreza pareciera ser el que más les preocupa, según se puede observar en la gran variedad de instrumentos creados para combatirla”.
Podemos así mencionar como ejemplos los llamados tortibonos, las dádivas de solidaridad, los programas de oportunidades, las “becas para estudiar”, los subsidios y las ayudas para el pago de diversos servicios, etcétera. En lo personal, considero que este tipo de dádivas o “logros”, según se quieran ver, no son otra cosa que el reconocimiento de fallas transitorias o permanentes del sistema económico, o más concretamente del gobierno, las cuales lejos de disminuir van en aumento.
El notable crecimiento de estos instrumentos, tanto en diversidad como en cantidad, constituye la más fehaciente de las pruebas de que el sistema económico neoliberal que los mismos gobiernos, tanto del PRI como ahora del PAN, no han cesado de alabar con una actitud que raya en lo irracional, ha sido un experimento desastroso e irresponsable, por la secuela de efectos sociales secundarios, cuyas dimensiones han sido incapaces de imaginar.
Combatir la pobreza con estas dádivas es exactamente lo mismo que combatir la delincuencia organizada con violencia, lo cual no tiene otro efecto que crear más violencia, como lo hemos estado viviendo a lo largo de este sexenio, que a muchos nos parece ya eterno. Combatir los efectos, en lugar de las causas, representa una experiencia fallida, cualquiera que sea el problema que se enfrenta.
Lo que nuestro país necesita para salir del gran problema que ha venido sufriendo, a partir de la imposición del modelo neoliberal de la globalización y del libre comercio, es un programa de desarrollo, un proyecto de nación que nos permita producir más y asegurar una repartición más equitativa de lo que se produce, las dádivas sociales pretenden aminorar los efectos de la pobreza y de la injusticia social, pero al hacerlo lo que termina lográndose es más pobreza y más injusticia social.
Una lección importante, que los gobernantes actuales parecen ignorar, es la del pueblo yucateco ante la crisis del henequen durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la corrupción dominante en el Banco de Crédito Rural, que otorgaba créditos a los campesinos para financiar las actividades agrícolas, se convirtió en un esquema de dádivas clientelares, totalmente ineficaz para abatir la pobreza, pero brutalmente eficiente para generar en los campesinos sentimientos de derrota y fracaso, los cuales tardaron varias décadas en superar.
Tal como sucede con la actual campaña de violencia gubernamental, que sólo ha logrado crear la imagen de un país en guerra, como el Chicago de los gangsteres de principios del siglo XX, los programas gubernamentales, que parecieran representar un alivio para la población más desamparada, están logrando la consolidación de grupos sociales, para los que esas ayudas han dejado de ser puente para acceder a mejores niveles de vida, y se han convertido en elementos de parálisis y de confirmación de que la única posibilidad futura radica en continuar recibiendo la dádiva, aunque ello implique la comisión de acciones no deseadas, como forma única de pago.
Pero estos programas también representan algo más: la salida fácil del problema, ante la falta de visión y de voluntad política para generar nuevos empleos, para facilitar la creación y el desarrollo de empresas mediante proyectos y programas que hoy existen sólo en el discurso oficial, exactamente del mismo modo que las victorias imaginarias contra el crimen organizado.
Uno de los proyectos más demagógicos de Carlos Salinas, el programa Solidaridad, creado para enfrentar a finales del siglo pasado el éxito arrollador de Cuauhtemoc Cárdenas en amplias zonas del país y evitar la entrega del poder al mismo, constituye otra muestra de los resultados de largo plazo de estas políticas clientelares de dádivas graciosas; pocos parecen acordarse ya de la conformación del municipio de la Solidaridad en Valle de Chalco, sobre terrenos del antiguo lago de Texcoco, como una dádiva graciosa del Señor Presidente. En el corto plazo, la maniobra permitió a ese gobierno resolver parcialmente la falta de viviendas en la zona metropolitana y, al mismo tiempo, comprar las simpatías y los votos de decenas de miles de familias supuestamente beneficiadas, las mismas que ahora son víctimas de las inundaciones continuas en esa área, caprichosamente empeñada en volver a convertirse en lo que siempre fue, el enorme vaso de un lago.
El proyecto fue desde luego un éxito, que los gobiernos que le sucedieron han continuado hasta el presente, mostrándose dadivosos en la repartición de migajas y sin molestarse mucho en proyectos que permitiesen crear cadenas productivas, más allá del discurso oficial, apoyado con bonitas campañas en torno a nada. Para la población de menos recursos, despojada de esperanza y a veces incluso de dignidad, recibir estas dádivas constituye sólo un reforzamiento pavloviano para fortalecer su dependencia y seguir siendo pobres y sumisos.
Así, el infierno que hoy vive Ciudad Juárez, en medio de una guerra que no es suya, causada por la violencia con la que el gobierno combate un problema que otros dejaron crecer, por omisión o por complicidad, parece repetirse a escala nacional, cuando la pobreza se combate con la misma medicina.

A CONTRACORRIENTE DEL DISCURSO OFICIAL DE RECUPERACIÓN, SE REDUCE EL CRÉDITO

En enero cayó en $5 mil 500 millones; 3 mil 200 millones al consumo
Roberto González Amador / Periódico La Jornada
El conjunto de bancos que opera en México volvió a reducir la oferta de crédito a empresas y familias en enero pasado, en momentos en que el discurso gubernamental asegura que la recuperación económica ya comenzó.
En el primer mes de este año, la banca redujo el financiamiento al sector privado en 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 3 mil 200 millones correspondieron al segmento de consumo, informó el viernes el Banco de México.
La caída en el crédito de la banca a empresas y familias en enero pasado contrastó con la afirmación gubernamental de que la crisis que desplomó la economía en 2009 había llegado a su fin y también con declaraciones de directivos bancarios en las últimas semanas de que el crédito había comenzado a repuntar después de la contracción del año pasado.
En un reporte publicado este viernes, el Banco de México informó que el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado disminuyó en enero pasado a un billón 610 mil 300 millones de pesos, cantidad menor en 5 mil 500 millones de pesos al saldo registrado en diciembre de 2009, e inferior en 7.8 por ciento al de enero del año pasado.
Medido con respecto a enero de 2009, el crédito de la banca el mes anterior fue inferior en 61 mil 400 millones de pesos, añadió el banco central.
La mayor disminución en el crédito de la banca ocurrió en el segmento de consumo, con un retiro de financiamiento por 3 mil 200 millones de pesos en enero pasado. Así, el saldo de la cartera de préstamos se ubicó en 367 mil 300 millones de pesos, 19.1 por ciento menos que en enero de 2009, reportó el banco central. En los 12 meses precedentes, la disminución en la cartera de crédito al consumo fue de 67 mil 300 millones de pesos.
Particularmente en tarjetas de crédito –uno de los segmentos de consumo– la caída en la cartera de crédito en enero pasado fue de 26.4 por ciento en términos anuales. Al cierre del mes anterior, se ubicó en 203 mil 700 millones de pesos, 3 mil 800 millones de pesos menos que en diciembre y 61 mil 200 debajo del nivel observado en enero de 2009.
La misma tendencia se registró en el financiamiento a empresas. La cartera de préstamos de la banca comercial a compañías y personas físicas con actividad empresarial se redujo en enero pasado a 853 mil 700 millones de pesos, 5.6 por ciento menos que un año antes. En los últimos 12 meses el financiamiento se contrajo en 12 mil 100 millones de pesos y, en el mes pasado, en 4 mil 500 millones de pesos.
En cambio, la cartera de crédito a la vivienda alcanzó en enero pasado 334 mil 700 millones de pesos, cantidad mayor en 4 mil 300 millones de pesos a la de diciembre de 2009 y en 24 mil 400 millones de pesos a la de un año antes. Esto significó una tasa de crecimiento anual de 3.3 por ciento.

INGRESARÁ ZEDILLO A LA NÓMINA DE CITIGROUP, DUEÑO DE BANAMEX

El Senado interpuso controversia por la participación accionaria de Washington en el banco
Su incorporación al consejo evidencia el peso de la operación de la firma en México: ABC
La ley prohíbe funcionar a una institución cuya mayoría de títulos sea de un gobierno extranjero
El ex presidente de México Ernesto Zedillo se incorporará en abril como miembro del consejo de administración de la trasnacional financiera estadunidense Citigroup, propietaria de Banamex, informó el consorcio.
La designación del ex mandatario, asesor en otros consejos de firmas trasnacionales, es una muestra del peso que ha adquirido la operación en México para el consorcio estadunidense, según comentarios citados por la cadena de televisión ABC de Estados Unidos.
Aunque no existe una cifra oficial, la operación en México aporta entre 12 y 14 por ciento de las ganancias mundiales de Citigroup. En 2009, en medio de la crisis financiera internacional, el valor en libros de la subsidiaria mexicana era mayor al de la matriz en Estados Unidos.
La incorporación de Zedillo, también consejero de las trasnacionales Alcoa, del ramo de aluminio, y Procter and Gamble, de productos de consumo, forma parte de una renovación de los órganos de decisión de Citigroup, después de que fue rescatado de la quiebra por el gobierno de Estados Unidos.
Es el segundo intermediario más importante de México
En México existe un proceso de controversia en curso, interpuesto por el Senado de la República, que considera que contraviene la legislación mexicana el hecho de que Banamex pertenezca a Citigroup. Ello, debido a que la Ley de Instituciones de Crédito dispone que ningún banco que opere en México puede tener una mayoría accionaria de un gobierno extranjero. La administración de Estados Unidos es temporalmente el mayor accionista de Citigroup.
Desde el año pasado, la Secretaría de Hacienda definió que para el gobierno mexicano no había ninguna violación de la ley, debido a que la participación como accionista del gobierno estadunidense en Citigroup sólo era coyuntural y que la administración del banco dejó claro que devolvería lo antes posible los apoyos que recibió de Washington.
Actualmente, el gobierno estadunidense mantiene en su poder 27 por ciento de las acciones de Citi.
Citigroup informó que la incorporación de Zedillo a su consejo de administración será durante la reunión anual de accionistas del banco, en abril próximo.
“La nominación de Zedillo es una señal de la creciente importancia de Banamex para Citigroup”, indicó la cadena televisiva ABC. “Algunos reguladores (en Estados Unidos) presionaron al banco para la venta de su filial mexicana el año pasado, pero Citigroup se opuso bajo el argumento de que Banamex era una parte importante de su estrategia. Desde entonces, el presidente de Banamex, Manuel Medina Mora, se ha convertido en el jefe de la banca de consumo de Citi para el continente americano”, añadió.
Mientras era presidente (de 1994 a 2000), Ernesto Zedillo impulsó y logró la aprobación del Congreso –entonces de mayoría priísta– para que fuera modificada la legislación y se permitiera a firmas extranjeras la propiedad de los mayores bancos del sistema en México.
Banamex es el segundo banco más importante del país, después del español BBVA Bancomer.
El martes de la semana pasada, el ex presidente Carlos Salinas culpó a su sucesor Zedillo de haber impulsado políticas que llevaron a la quiebra de la banca mexicana y a su posterior extranjerización.

EL INELUDIBLE ENTRAMADO DE LAS REFORMAS

David Ibarra /El Universal
Las crisis multifacéticas, social, económica, fiscal, financiera que campean hace años en el país, nacen del defectuoso reformismo jurídico, institucional y político implantado para incorporar el país tanto al orden económico de la globalización como perseguir el afán legítimo de democratizar la vida nacional.
En materia económica, se incorporó México a los mercados globales y liberó de trabas al hombre económico con desregulación, privatizaciones y fortalecimiento de los derechos de propiedad. En contrapartida, se acotó la soberanía de las políticas públicas, en favor de los mercados y se aceptaron graves polarizaciones distributivas.
En el campo democrático, se ha ganado transparencia en los comicios y se ha fortalecido a los partidos políticos. Pero, se perdió capacidad unificadora —por autoritaria que fuese— del Ejecutivo y, por lo tanto, capacidad de unir a la población en torno a fines comunes, cuando se subordina la política o los dictados inapelables del mercado.
El desarreglo institucional también refleja el déficit democrático y la ineptitud de imprimir vigor al proceso nacional de desarrollo. De ahí el resquebrajamiento del pacto social, manifiesto en el ascenso de la pobreza y la informalidad en el trabajo. O visto desde otro ángulo, el rezago persistente de México frente al de los estados latinoamericanos, sea en el combate de los efectos de la crisis financiera mundial o en procurar bienestar a su población.
Más aún, la depresión económica y el desorden político, alimentan propuestas de cambio que inician o aplazan los partidos sin mayor orden de prelación. Para unos, la solución a las finanzas reside en comprimir impuestos, gastos públicos y burocratismo. Otros, preferirían abrir más la economía y la política a la disciplina del mercado. Unos terceros quisieran que las políticas públicas se orientaran al crecimiento. También hay quienes sostienen que la inflación es el peor de los males, frente al cual las aspiraciones al bienestar de la población deben ceder el paso.
En la práctica, son muchas las reformas hechas aisladamente. La reforma petrolera no ha hecho resurgir a Pemex; la de pensiones sólo trasladó las cargas financieras del Estado a las familias; las reformas fiscales, de alcances cortos, son simples misceláneas que complican la administración tributaria, sin aliviar las finanzas públicas. La reforma laboral no se ha lanzado al debate público, pero ya tiene opositores. Con un mercado de trabajo en ruinas poco se progresa en garantizar seguridad ciudadana. Ahora, en plena crisis se lanza una iniciativa de reforma con ingredientes de ingeniería parlamentaria que llevarían a formar mayorías legislativas que disolviesen acaso artificiosamente la falta de unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se quiere fortalecer al Ejecutivo, quizás ganar terreno electoral o eventualmente vigorizar la participación ciudadana. Ya tiene defensores con el argumento del cambio por el cambio, sin que aún termine el debate sobre sus contenidos e interrelaciones con otras exigencias transformadoras.
Sanear las expresiones de la crisis, debiera comenzar por reconocer sus interrelaciones y de ahí seleccionar las prelaciones nacionales, sin olvidar la necesidad de avanzar simultáneamente en la solución de varios dilemas. Quiérase o no, el largo aplazamiento de políticas públicas que concilien el interés nacional con los de la globalización, ha enredado y multiplicado los problemas del país.
Insistimos en señalar reformas defectuosas que no consideraron sus nexos con otros fenómenos y políticas. El impulso al desarrollo hacia fuera requirió de reformas que abriesen las fronteras al comercio exterior, pero su éxito también dependía de acciones ausentes: políticas industriales de fomento al comercio exterior, políticas cambiarias y financieras que combinadas llevasen a crear un verdadero sector exportador. Asimismo, la viabilidad y eficacia, de las reformas fiscal, laboral o política están inextricablemente ligadas entre sí y sobre todo con las políticas sociales y de crecimiento. Sin una estrategia de empleo, de avance acelerado de servicios de salud, entre otros objetivos, la generalización de los impuestos al consumo o la flexibilización laboral, resultarían impracticables o tendrían grandes costos de legitimidad. Algo similar sucede en torno a la propuesta de reforma política que podría quedar en simple superestructura institucional, difícilmente traducible en solución pronta a carencias impostergables: pobreza, exclusión social e inseguridad.
Seguimos inmersos en una crisis paralizante: el mercado sin Estado orientador, regulador y mediador poco o nada resuelve de la debacle económica y política; el Estado sin sociedad, da tumbos, incapaz de aglutinar constructivamente a las fuerzas colectivas. Por eso, habría que invertir las prelaciones políticas: la democracia sustantiva debe prevalecer sobre el autoritarismo economicista; la búsqueda del empleo y de la equidad social debe primar sobre cualquier otra meta y formar el esqueleto vertebrador de las reformas a emprender. El sistemático desmantelamiento anterior de los instrumentos de acción del Estado y el lento avance de la democracia no electoral, debieran enmendarse con reformas modernizadoras entrelazadas que permitan reconocer y luego dar satisfacción a las demandas ciudadanas.



viernes, 26 de febrero de 2010

DESEMPLEO Y RESPONSABILIDAD OFICIAL

De acuerdo con cifras dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero del presente año la tasa de desempleo en el país se ubicó en 5.87 por ciento de la población económicamente activa, incremento de más de un punto porcentual respecto del mes anterior: esto significa, según cálculos del propio organismo, que en los primeros 31 días de 2010 más de 500 mil personas se quedaron sin trabajo y que el número total de desocupados en el país asciende 2.76 millones de personas.
Los datos referidos permiten ponderar el nivel de postración en que se encuentra inmersa la economía nacional, la cual tuvo, el año pasado, uno de los peores desempeños de su historia –con una caída de 6.5 por ciento en el producto interno bruto– y hoy enfrenta, en la contracción del mercado laboral, uno de los lastres principales para su recuperación.
En adición a lo anterior, debe señalarse que detrás de este incremento de más de medio millón en el número de desempleados, se encuentran otras tantas historias de sufrimiento personal y familiar, ante las cuales el gobierno federal tendría que mostrar, por consideraciones éticas fundamentales, por sentido político y hasta por razones de imagen, un mínimo de sensibilidad.
Sin embargo, y a pesar de la evidencia de que la mayoría de la población continúa enfrentando una situación de crisis económica, las autoridades se empeñan en conducirse con la indolencia y la arrogancia tecnocrática que les ha caracterizado: ayer mismo, al comentar las cifras dadas a conocer por el Inegi, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, calificó como “normal” el incremento registrado durante enero en la tasa de desempleo, y lo justificó como “un efecto que se da todos los años (…) debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La declaración del funcionario pasa por alto el sentir de incertidumbre y zozobra que dicho incremento representa para decenas de miles de familias, y es, además, improcedente, porque omite señalar que las estadísticas del desempleo en nuestro país suelen encerrar en sí mismas una distorsión, por cuanto no consideran al subempleo y a la informalidad: al respecto, son significativos los datos aportados por el propio Inegi en el sentido de que la población que se emplea en el sector informal ascendió, al cierre de 2009, a 12.6 millones de personas, cifra sin precedente en el país.
Por lo demás, es claro que las autoridades no pueden culpar del incremento del desempleo a los ciclos económicos, cuando ellas mismas, en su empeño por trasladar el costo del gobierno –injustificada y desmesuradamente alto, por lo demás– a los sectores mayoritarios, han alentado la aplicación de medidas que constituyen un obstáculo para la creación de nuevas fuentes de trabajo: tal es el caso del incremento en los precios de combustibles, gas, energía eléctrica y demás tarifas públicas, y el aumento generalizado en los impuestos al salario y al consumo, medidas que, en conjunto, afectan la demanda de bienes y servicios, merman las inversiones productivas y llevan al cierre de pequeñas y medianas empresas, todo lo cual genera más desempleo.
Ante tal circunstancia, resulta impostergable que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le corresponde en la configuración de este círculo vicioso, que conlleva un enorme costo social para el país, abona al deterioro en el nivel de vida de los segmentos mayoritarios de la población y profundiza los rezagos sociales.
Es necesario, en suma, que la actual administración reoriente sus prioridades y utilice los recursos económicos de los que dispone en la creación de programas y medidas de apoyo inmediato a las franjas afectadas por la contracción en el mercado laboral, y que emprenda, de una vez por todas, la siempre postergada reactivación de la economía y el mercado internos, sin la cual difícilmente podrá garantizarse la creación de puestos de trabajo suficientes y bien remunerados en el país.
Fuente: La Jornada

LA CONEVAL Y LA MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

Economía Moral
Fantasiosa reinterpretación de la Ley General de Desarrollo Social
Julio Boltvinik
La lectura de la parte de fundamentos y conceptos de la Metodología para la medición de la pobreza multidimensional de la pobreza en México” del Coneval transmite, entre otras, la percepción de que prevalece una actitud apologética del Coneval respecto a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Esta actitud empieza siendo (p.2), sin embargo, de reclamo, pues la LGDS le exige al Coneval algo imposible, al imponerle la obligación de “efectuar mediciones multidimensionales de pobreza”, lo que plantea un problema cuya solución aún se discute en el ámbito académico. Sin embargo, el Coneval no se arredró ante lo imposible y finaliza la Introducción con un reconocimiento de un importante rasgo de la ley, y anunciando que harán su propia lectura de ella: “El enfoque analítico adoptado intenta recuperar el espíritu de una ley sustentada en un amplio consenso y legitimidad social” (p.4). En efecto, la LGDS fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Del reclamo a la admiración de su legitimidad.
En el siguiente capítulo, “El concepto de pobreza en la Ley General de Desarrollo Social”, para identificar dicho concepto, el Coneval no acude al texto legal, ni a los dictámenes de ambas cámaras, ni a las iniciativas, ni a los discursos. En cambio, acude a autores que conforman la corriente dominante del pensamiento económico contemporáneo que defiende el utilitarismo, la teoría neoclásica, la de las expectativas racionales y otras de similar raíz ideológica; a la misma corriente que predicó e impuso el Consenso de Washington que llevó a la crisis mundial actual, aunque en paralelo también acude a algunos documentos sobre derechos humanos. Con esas bases, sostiene una fantasiosa reinterpretación de la Ley para que coincida con sus puntos de vista. De la admiración a la apología:
“En consonancia con la discusión académica y el debate internacional [les faltó añadir basados en las referencias que hemos dado1] la Ley, en su Art. 36, establece que para la medición de la pobreza en México deben considerarse los derechos sociales y el bienestar económico. De esta forma, derechos y bienestar social, asociados al principio universal e inalienable de libertad individual, reflejan el espíritu de una Ley... (p.8)
Ni fue en consonancia con tales discusiones, ni el Art. 36 de la Ley establece lo que dice el Coneval. El texto del Art. 36 sólo señala que los criterios y lineamientos que establezca el Coneval para la medición de la pobreza son obligatorios para las dependencias y entidades que ejecuten programas de desarrollo social, y que deben utilizar la información que genere el Inegi sobre los ocho indicadores que enumera. No fue leyendo a Alkire, Foster, ni Kakwani, señores del Coneval, como se gestó el Art. 36, al que le imputan falsos contenidos. En un escrito presentado en un Seminario en el cual participaron dos de los seis integrantes académicos del Coneval, después de narrar que se presentaron seis iniciativas de LGDS, señalo:
“La lectura de las exposiciones de motivos de las diferentes iniciativas muestra que los autores partieron de planteamientos ideológicos y concepciones sociales diversas, en ocasiones opuestas. En general, mientras las iniciativas del PRD postulaban un papel importante para el Estado, las del PAN partían de las tesis de la subsidiariedad del Estado, derivadas del pensamiento social cristiano y del neoliberalismo. Mientras las primeras se fundamentaban en los derechos sociales, las segundas se apoyaban en ‘la dignidad del ser humano y su capacidad y responsabilidad para salir adelante’. La del PRI era absolutamente pragmática” (p.127)2.
Las únicas dos iniciativas que incluyeron el tema de medición de la pobreza, en la forma de un largo capítulo que definía indicadores, umbrales, fórmulas y ponderadores (el mismo en ambas), fueron las de la diputada Brugada y la de la senadora Burgos, ambas del PRD, que yo redacté y que transcribían los contenidos del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) que desarrollé en 1990-1992. Como señalo en el libro citado, el ‘milagro’ político que explica que haya una LGDS se logró en el Senado en la 58 Legislatura (abril, 2003). De las dos iniciativas consideradas para el dictamen del Senado, sólo la de Burgos contenía definiciones en materia de medición de la pobreza. Lo aprobado en el Senado (casi el texto final de la Ley) en la materia
“está basado en el capítulo sobre medición de la iniciativa Burgos. Otorgar la responsabilidad de la medición de la pobreza a un organismo descentralizado, y no a la Sedeso, supone la aceptación de que si las mediciones han de ser objetivas, la responsabilidad de llevarlas a cabo no puede estar en las manos de la Secretaría responsable de su combate. Quienes cedieron en este caso fueron el PRI y el PAN que no querían originalmente que este tema estuviera en la Ley, ni que se asignara la responsabilidad a un organismo independiente. En la iniciativa Burgos se establecía un procedimiento detallado de medición de la pobreza. En la Ley aprobada esto quedó reducido a un listado de indicadores que deben usarse en ella. Si bien la mayor parte de los indicadores son los mismos que se usan en dicha iniciativa, se añadieron dos que resultan poco coherentes y uno de ellos muy problemático (grado de cohesión social)” (p. 136). [El otro es acceso a la alimentación que resulta redundante con el de ingreso corriente porque la alimentación se satisface adquiriendo bienes en el mercado o autoproduciéndolos, es decir con ingreso monetario o no monetario]”
Estos dos rubros fueron aportados por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa y, por más que la presioné para que aceptara su eliminación en las negociaciones bicamarales, la senadora se negó. Para no poner en riesgo la existencia de la ley, tuve que ceder. Hoy el Coneval se enfrenta a estas aportaciones de manera problemática. En cohesión social se ha visto obligado a señalar que “la naturaleza relacional del concepto impide que pueda ser considerado como parte del núcleo constitutivo de la pobreza a nivel de individuos o unidades domésticas, en la medida en que es un fenómeno que sólo puede observarse en un nivel de agregación mayor (p. 12)”. Es decir, cohesión social quedó excluida de la medición de pobreza. En materia de alimentación, el Coneval decidió usar un indicador de seguridad alimentaria que duplica la presencia del rubro alimentación, que ya está considerada en ingresos a través de la canasta normativa alimentaria.
Para dilucidar el concepto de pobreza en la LGDS no hay que buscar en la bibliografía anglosajona del siglo XXI, sino remitirse al MMIP y a la rica tradición en la materia en América Latina, así como a sus bases conceptuales en los clásicos del tema, de donde deriva. Ahí puede verse que ni ingreso corriente es el enfoque de bienestar, ni los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son el enfoque de derechos sociales. El concepto unificador es el de fuentes de bien-estar: ingreso corriente, activos básicos, activos no básicos, acceso a bienes y servicios gratuitos, conocimientos/habilidades, y tiempo libre. (Véase gráfica ilustrativa al respecto).
1 Probablemente los inhibió la incoherencia cronológica. Las referencias son todas posteriores a 2000 y varias posteriores a 2003, año en el cual se aprobó la Ley en ambas cámaras. Pero además las iniciativas de LGDS se empezaron a presentar al final de la 57 Legislatura (1997-2000).
2 Julio Boltvinik, “La Ley General de Desarrollo Social. Génesis, logros, limitaciones y riesgos”, en Gerardo Ordóñez et al. (Coords.), Alternancia, políticas sociales y desarrollo regional en México, El Colegio de la Frontera Norte, ITESO y UdeG, Guadalajara, 2006, pp.123-146.

SALIERON 57 MIL 700 MDD EN TRES AÑOS DE GOBIERNO DE CALDERÓN

En 2008 se transfirieron 9 mil 80 mdd y en 2009 fueron 18 mil 562, según datos del BdeM
El año pasado la inversión extranjera fue sólo de 3 mil 448.3 mdd, una caída de 74%
Por cada dólar que salió de México en 1995-97, se fueron 9 dólares entre 2007 y 2009
Roberto González Amador/Periódico La Jornada
Recursos financieros de empresas y particulares mexicanos por 57 mil 700 millones de dólares fueron transferidos al exterior en los tres primeros años de la administración del presidente Felipe Calderón. Este movimiento de capitales fuera de las fronteras superó en magnitud al ingreso de divisas por nueva inversión extranjera, indicó información oficial.
El Banco de México dio a conocer este martes que en 2009 fueron transferidos al exterior recursos de mexicanos por 18 mil 562 millones de dólares, poco más del doble de los 9 mil 80 millones de dólares que salieron por la misma vía en 2008.
La creciente transferencia de activos a inversiones y cuentas bancarias en el exterior ocurrió en un momento en que la economía mexicana experimenta un desplome en la inversión extranjera, una disminución en el ingreso de divisas por remesas y también una caída en los recursos obtenidos por la exportación de petróleo crudo.
En 2009 las inversiones netas realizadas por extranjeros en México –sin contar la reinversión de utilidades ni las operaciones entre compañías– fueron de 3 mil 448.3 millones de dólares, cantidad inferior en 74 por ciento a la de 2008, que se situó en 13 mil 466 millones de dólares, reportó ayer el banco central.
Datos del Banco de México muestran que la salida de recursos del país –movimiento que está asociado en parte a mayor presencia de firmas mexicanas fuera del territorio nacional– en los últimos tres años superó varias veces la ocurrida en los tres primeros años de la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, periodo en que, al igual que ahora, el peso se devaluó y la economía se desplomó.
De enero de 1995 a diciembre de 1997 la transferencia de activos por empresas y ciudadanos mexicanos al exterior sumó 6 mil 551.6 millones de dólares, según datos del Banco de México. Para efectos comparativos, por cada dólar que salió de México entre 1995 y 1997 salieron 9 dólares entre enero de 2007 y diciembre de 2009, periodo que comprende la primera mitad del actual gobierno, de acuerdo con los datos del banco central.
La magnitud de los activos que fueron transferidos al exterior en los últimos tres años superó ligeramente el ingreso de nueva inversión extranjera en los seis años precedentes, que fue de 56 mil 173.5 millones de dólares, indicó la información del Banco de México.
Disminuye déficit con el exterior
En un reporte divulgado este jueves, el Banco de México informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó un déficit de 5 mil 238 millones de dólares en 2009, una tercera parte del desequilibrio registrado en 2008, que fue de 15 mil 889 millones de dólares. La reducción fue consistente con la caída en la actividad económica, la disminución en la demanda externa de productos mexicanos y la reducción en el gasto de empresas y familias, que demandaron menos productos importados.
La cuenta corriente refleja la diferencia entre los ingresos y egresos de divisas por operaciones de comercio exterior, turismo, pago de deuda pública y privada, así como transferencias, entre las que destacan las remesas.
El Banco de México confirmó ayer información adelantada el mes pasado sobre la disminución en las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. En 2009 alcanzaron 21 mil 181 millones de dólares, 15.7 por ciento menos que en 2008.
En el otro lado de la balanza, la cuenta de capital –que contabiliza la inversión extranjera y la contratación de deuda– fue superavitaria en 14 mil 526 millones de dólares, cuando el año anterior el saldo positivo alcanzó 24 mil 548 millones de dólares.
El saldo superavitario de la cuenta de capital se derivó principalmente de ingresos por inversión extranjera directa y al mercado bursátil por 19 mil 103 millones de dólares –25.4 por ciento menos que el año anterior–, deuda contratada en el exterior por el sector público, la activación de una línea de apoyo del banco central con su contraparte de Estados Unidos para respaldar el tipo de cambio del peso, y el ingreso de recursos por una cobertura que contrató el gobierno federal para asegurar los ingresos petroleros el año pasado.

EL DESEMPLEO SE DISPARÓ EN ENERO, REVELAN CIFRAS DEL INEGI

La desocupación afecta a 5.87% de la PEA; aumentó 79% desde diciembre de 2006 Inegi: en enero, 503 mil mexicanos entraron al desempleo; suman 2 millones 761 mil 360
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz/ Periódico La Jornada
La desocupación afectó a 5.87 por ciento de la población económicamente activa del país el pasado enero, una proporción mayor a la de 5 por ciento observada en el mismo mes de 2009, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, unas 503 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo en el primer mes de 2010, y con ello el ejército de reserva laboral se elevó a 2 millones 761 mil 360 individuos. De esta manera, la desocupación en México se incrementó 79 por ciento, comparada con la dimensión que tuvo en diciembre de 2006, al comienzo de esta administración gubernamental. La falta de oportunidades ocupacionales elevó el desempleo en todo el país en un millón 212 mil personas en el trienio considerado.
La tasa de desocupación de enero estuvo muy por encima de las estimaciones hechas por los analistas del sector privado, los cuales esperaban que se situara entre 5.27 y 5.35 por ciento como proporción de la población económicamente activa (PEA).
El organismo indicó que en enero de este año el desempleo afectó a 7.13 por ciento de la población mayor de 13 años de edad que busca alguna ocupación sin conseguirla en las 32 principales ciudades de México, una proporción 17 por ciento mayor a la registrada un año antes.
El repunte del desempleo provocó reacciones encontradas entre analistas del sector público y especialistas del sector privado.
Una vez que el organismo responsable de la estadística oficial informó sobre el incremento del desempleo en territorio nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa en el que apuntó: “El cambio de tendencia de la tasa de desocupación en enero es un efecto que se da todos los años, después de la reducción que se observa en noviembre y diciembre, debido a la alta generación de empleos eventuales de fin de año”.
La dependencia agregó que “posteriormente, en enero, disminuye esta demanda, a la vez que las personas que perdieron su empleo eventual empiezan a buscar trabajo, lo que genera que se eleve la tasa de desocupación a porcentajes similares a la de los meses previos, antes de noviembre”.
Pero esa explicación difirió de la expuesta por Ricardo Aguilar Abe, del departamento de análisis de Invex Casa de Bolsa, quien consideró que la desocupación no disminuirá sustancialmente en 2010, a pesar de que crezca la economía. “El sector manufacturero nacional comienza a recuperarse a tasas importantes, pero no ocurre lo mismo con el comercio y los servicios, que emplean a más de 60 por ciento de la población ocupada del país”, precisó el analista.
Luego, advirtió: “Mientras los principales sectores de la economía no registren mayores tasas de crecimiento, difícilmente las empresas ampliarán su planta laboral. Menos si buscan mantener una estructura de costos bajos. No esperamos que el número de desempleados se reduzca sustancialmente en 2010”.
En sentido similar Arturo Vieyra y Sonia Machain, especialistas del grupo financiero Banamex-Citigroup, señalaron que el aumento de la tasa nacional de desocupación de enero “refleja la debilidad de las actuales condiciones laborales”. Destacaron que sus previsiones “apuntan a que esta tendencia continuará por el resto del año; es decir, un descenso moderado del desempleo (5 por ciento en promedio anual) y un aumento también modesto en el empleo formal (3.1 por ciento en promedio anual)”

ATENTADO CONTRA LA SALUD

Enrique del Val Blanco / El Universal
En una acción sin precedente y después de varios años de investigación, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determinó multar con 21.5 millones de pesos a varias empresas farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, por haberse coludido para inflar artificialmente los precios y repartirse las licitaciones desarrolladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para varios productos del cuadro básico de medicamentos del gobierno federal.
No estamos frente a un hecho aislado de este importante sector de la producción. En los medios de comunicación frecuentemente leemos acerca de las multas impuestas, sobre todo en Europa, donde las autoridades han encontrado colusión para acordar la fijación de precios.
Si en todas las ramas de la producción la corrupción es un hecho lamentable, la cometida por el sector farmacéutico es aún peor porque atenta contra la salud de los derechohabientes. Les importa un bledo su salud física y económica. Qué bueno que la Cofeco ha actuado y las ha sancionado. Aunque, como ya hemos leído, la cámara que las agrupa ha comenzado a defenderlas de inmediato, arguyendo elementos verdaderamente ridículos.
Habrá que estar atentos, pues es el inicio de una larga batalla legal, donde las compañías contratarán a los mejores abogados para encontrar el mínimo error de procedimiento y así echar abajo las sanciones. Esperemos que la comisión haya considerado todo esto.
Ahora bien, estas compañías le venden a diversas instituciones del sector público, por lo que habría que ahondar en las investigaciones. Ahora, la Secretaría de la Función Pública tiene la responsabilidad de hacer su trabajo y no dejar que estas situaciones sigan ocurriendo en detrimento de los mexicanos. Por lo pronto sería conveniente que se les suspendiera como proveedoras del gobierno, mientras se aclara la situación. Hay que pegarles en donde más les duele, que es en el bolsillo.
Seguramente todas las empresas involucradas, y quizás muchas otras que hacen lo mismo, se autodenominan “socialmente responsables”, pero no dicen que su objetivo es obtener el máximo lucro sin importar el daño que hacen. La Canifarma, en lugar de salir en bloque a defenderlas, debería poner las barbas a remojar e investigar qué tan “honorables y responsables” son sus afiliados.
Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por las colusiones y los precios exagerados que cobran las empresas farmacéuticas. Ya hemos visto las artimañas de que se valen para evitar el vencimiento de sus patentes. La sociedad debe estar alerta y apoyar las acciones del Estado encaminadas a evitar esta exacción al erario público.
Al final, a pesar de que las multas queden firmes, habrán hecho un buen negocio ya que las utilidades rebasan por mucho el importe de éstas. Por tanto, la Cofeco y la Función Pública deben revisarlas permanentemente para, por lo menos, hacer cada día más costosa la corrupción del sector privado.
Analista político y economista

INHABILITAN A MÁS DE 900 EMPRESAS

Con trampas, buscan ser proveedores del gobierno
Evaden impuestos, falsean datos, ofrecen servicios que no pueden brindar
José Gerardo Mejía / El Universal
Ser proveedor del gobierno federal resulta tan atractivo para los empresarios, que gran parte de ellos no duda en recurrir a todo tipo de trampas para amarrar los contratos en disputa, incluso si la dependencia a la que se pretende engañar es el mismísimo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
Los casos son variados. Por ejemplo, el del especialista en motivación Miguel Ángel Cornejo, quien pretendía venderle libros al Ejército y ocultó que no estaba al corriente con sus impuestos; el de Integra Personal, compañía que se dedica a dar cursos sobre “valores y ética”, aunque para ganar la licitación presentó datos falsos, o el del Instituto Regional de Tratamiento del Cáncer, que pretendía vender al IMSS servicios de atención con radiación para sus derechohabientes, pero que “carecía de fuente radioactiva” para hacerlo.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2009 fueron inhabilitadas más de 700 empresas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el responsable del Órgano Interno de Control del Cisen, Pablo Zamora, informó que promovieron la inhabilitación de Blindajes Mexicanos SA de CV por 19 meses, es decir, hasta agosto de 2010.
Explicó que la suspensión de la empresa obedeció a que suscribió un contrato cuando aún no pagaba una multa por 570 mil pesos. Blindajes Mexicanos promovió un amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia.
También está inhabilitado el Instituto Regional de Tratamiento del Cáncer, que terminará de cumplir la sanción en abril de 2010, además de pagar una multa de más de 400 mil pesos, tras haber asegurado, en la firma del contrato con el IMSS, que tenía todo el equipo para prestar servicios de radioterapia y braquioteria. Según la SFP, “hubo dolo, porque en realidad carecía de la fuente radioactiva para su funcionamiento”.
Nadie se salva
Teresa Mayela y/o Azteca Seguridad Privada terminó una inhabilitación de tres meses en enero de 2008, luego de pagar una multa de 72 mil 500 pesos por haber suscrito un contrato con el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, pues omitió decir que el convenio involucraba a familiares que prestaban servicios en la dependencia.
Editores como Miguel Ángel Cornejo, quien es conocido por sus conferencias y obras motivacionales, fue multado en mayo de 2008 por pretender vender sus libros al Ejército cuando tenía deudas con el fisco. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada promovió una multa en su contra por más de 18 mil pesos, además de una inhabilitación.
Una situación similar ocurrió con Integra Personal, empresa que fomenta los “valores y la ética” con una serie de cursos; sus directivos ganaron una licitación presentando datos falsos.
En enero de 2010, Integra Personal fue sancionada con 85 mil pesos de multa y una inhabilitación por haber proporcionado información falsa para dar “capacitación, entrenamiento y desarrollo humano en valores y ética” al corporativo de Petróleos Mexicanos.
En 2009, la Fundación Amigos del Arcoiris fue contratada para brindar asesoría a los hijos de trabajadores de la Secretaría de Energía, mediante “actividades sociales, culturales, deportivas, excursiones y encuentros”. La Fundación entregó una póliza de una fianza falsa, por lo que fue sancionada con 82 mil 200 pesos y una inhabilitación que vence en abril de 2010.
El Corporativo de Servicios Empresariales y Gastronómicos SA de CV firmó un contrato con el Instituto Nacional de Bellas Artes a pesar de estar inhabilitado por haber incumplido un convenio con la Secretaría de Gobernación (Segob) en julio de 2007. Esta empresa volvió a ser inhabilitada hasta octubre de 2007, con una multa por más de 72 mil pesos.
El 17 de octubre de 2008, la SFP inhabilitó durante 18 meses a Global Romorake SA de CV, y le aplicó una multa de más de 478 mil pesos, luego de confirmar en el contrato la vinculación comercial entre esa empresa y un servidor público de Petróleos Mexicanos en el área de Refinación.
Tras los vaivenes legales, la Primera Sala Regional Noroeste de Nuevo León concedió la suspensión provisional para que no se le impida a Global Romorake participar en licitaciones con las dependencias de la administración pública.
El mundo del cine también ha sido suspendido, luego de ser inhabilitada Digital Films y Video por dos años y siete meses —hasta el 8 de abril de 2010—, con una multa por más de 75 mil pesos, luego de que Pronósticos Deportivos le adjudicara un contrato erróneamente, y no aclarara que su propuesta no era la que el funcionario había establecido.
Pero la industria farmacéutica es hasta ahora una de las más sancionadas por el gobierno federal.



jueves, 25 de febrero de 2010

EL GASTO ES MUY RÍGIDO PARA IMPULSAR AL PAÍS

Margen de sólo 5.9%; para pensiones, uno de cada 8 pesos
Por Eduardo Jardón / El Financiero en línea
La rigidez que muestra el gasto público en México limita su uso como herramienta para la contribución al crecimiento económico y la estabilidad.
El escaso margen de maniobra se explica principalmente por el marco legal, que determina cómo y, en ocasiones, en qué se debe ejercer el presupuesto.
Así lo considera el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) al afirmar que el gobierno tiene un margen de apenas 5.9 por ciento del presupuesto para dirigir su política pública.
De acuerdo con el órgano dependiente de la Cámara de Diputados, poco más de dos terceras partes del presupuesto se destinan a servicio de la deuda, pensiones, transferencias a estados y pago de sueldos de los servidores públicos, entre otros rubros.
Tan sólo a pensiones este año se canalizará 12.6 por ciento del gasto programable, es decir 1 de cada 8 pesos.
Respecto del PIB, este gasto representará 2.4 por ciento, pero se prevé que aumentará a 3 por ciento para 2015, según los pronósticos del gobierno.

PIDE LA OCDE MAYORES SANCIONES A MONOPOLIOS

Aun cuando el Legislativo pretende concretar una reforma integral a la ley de competencia económica, Bernard Phillips, jefe de la división de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), aseguró que a México le hacen falta sanciones más severas para castigar a los monopolios, incluso condenas que los lleven a la cárcel.
Dijo que ante esta laxitud, la premisa de las empresas se basa en que es más fácil violar la ley que obedecerla, porque los costos son más bajos que los beneficios obtenidos.
El problema que tiene la legislación mexicana en materia de competencia económica es que las sanciones son triviales y no vale la pena cumplir las reglas, por ello se requieren multas más fuertes para evitar las violaciones, recomendó a los legisladores en el marco del Foro Competencia Económica, organizado por la Cámara de Diputados.
“México tiene una ley de competencia que califica como complaciente y permite que sea más lucrativo violar la ley que cumplirla y no prevé recuperación de daños”, coincidió Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Economía del Senado.
Expresó que centrar el debate de la reforma a la ley de competencia económica en sanciones más severas, no sólo económicas sino de tipo penal, sería no reconocer las pocas herramientas de investigación con que cuenta la Comisión Federal de Competencia (CFC) y tendría una alta probabilidad de no obtener los resultados esperados.
“Hay que fortalecer los métodos de investigación, pero que haya mejores herramientas de la CFC”, delineó el senador priísta.
Antes de abril habrá reforma
Idelfonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía en San Lázaro, mencionó que México no puede elevar la productividad de su economía si no hay un mejor sistema de competencia, y por eso, se comprometió a que antes de que culmine el periodo de sesiones en abril, habrá reforma en materia de competencia.
Ante ello, el diputado priísta dijo que el Ejecutivo cuenta con una semana, a más tardar, para enviar su iniciativa en materia de competencia económica.
Durante la inauguración del evento, Gerardo Ruiz, secretario de Economía, "se trata de promover reformas que mejoren el marco jurídico de la competencia, pero sobre todo, de generar una cultura de competencia; de fomentar nuevos valores en las empresas, en las autoridades y los consumidores", dejó en claro.
De acuerdo con la OCDE, los parámetros que tendría que imponer México en las multas económicas son de 10% sobre el total de la facturación de la empresa, y no sólo en el rubro donde se ejecutó la violación. Además, las sanciones penales tendrían un peso específico para frenar las prácticas anticompetitivas.
CREDITO:
Lilia González Velázquez / El Economista