El asesinato del candidato del PAN a la alcaldía de la comunidad fronteriza de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, ocurrido el jueves 13, justo al inicio de las campañas electorales en Tamaulipas, es reflejo del entorno de «ebullición» que vive el estado.
Protagonistas de la escena política del estado y analistas que intentan desentrañar el significado de ese y de otros acontecimientos en los que se entrelazan las acciones del crimen organizado con la actividad propia de los meses preelectorales, coinciden en subrayar que hay en Tamaulipas un ambiente cercano a la ingobernabilidad.
Para el exconsejero electoral José Ángel Solorio, los tres niveles de gobierno, los partidos, los candidatos y las autoridades electorales tendrían que haberse sentado ya a tomar los acuerdos «extraordinarios» que se requieren para «salvar» la viabilidad de la contienda política en esta entidad,
El también historiador apunta que el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IEETAM) está preparando una elección en «la normalidad», cuando el escenario político está «trastocado» por el clima de violencia prevaleciente en los últimos meses y por los efectos que ello ha generado en la ciudadanía, en especial en algunos municipios como Guerrero, Mier y Camargo, en la región conocida como «La Frontera Chica».
Mientras que para el titular del IEETAM, Jorge Luis Navarro Cantú, la organización electoral avanza sin contratiempos, el PRI considera que existen condiciones para que los comicios en que se elegirán 43 alcaldes, los miembros del Congreso local y al sucesor del gobernador Eugenio Hernández Flores, se desarrollen dentro del marco constitucional.
Sin embargo, los candidatos del PAN y del PRD, José Julián Sacramento y Julio Almanza, respectivamente, coinciden en que al menos en los municipios de Guerrero, Mier y Camargo, no pueden realizarse con tranquilidad las campañas políticas ni hay forma de que haya una votación democrática el próximo 4 de julio.
Sacramento dice que el asesinato del candidato panista en Valle Hermoso obligará al presidente Felipe Calderón a voltear hacia Tamaulipas para reforzar la presencia del Ejército y la Marina en el estado.
Julio Almanza coincide en que la violencia en los municipios de Mier, Camargo y Guerrero, ubicados en la franja entre Nuevo Laredo y Reynosa, no permite el desarrollo de las campañas. Aunque el PRD ya registró candidatos en Mier y en Camargo, aún no tiene en Guerrero. «Vamos a tener que ir a esos municipios a apoyar a nuestros candidatos, pero sabemos que vamos a tomar mayores precauciones, como no ir de noche y a lo mejor no llevar todos los vehículos que traemos, llevar menos equipo», indica.
En esa región, dice, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tiene que poner especial atención para restablecer la paz y garantizar el desarrollo de las elecciones.
La frontera desierta
En Camargo se da por hecho que el alcalde José Correa huyó hacia Estados Unidos, poco antes de que grupos delictivos incendiaran su casa y las oficinas de su notaría pública. Los alcaldes de Mier y de Guerrero, José Iván Mancias Hinojosa y Olga Juliana Elizondo Guerra, respectivamente, no han aparecido públicamente por varias semanas.
Comunidades rurales como el ejido de Comales, a unos 15 kilómetros de Camargo, estuvieron bajo el acoso de Los Zetas que se acuartelaron ahí desde principios de febrero hasta el 6 mayo para prepararse en sus batallas contra el cártel del Golfo.
De hecho, a mediados de abril, los habitantes de esa comunidad lanzaron un llamado de auxilio por internet: «Aquí no hay ley, no hay nada. Todo está controlado, hasta el gas y la comida. No se trabaja, no hay escuela. Las tiendas están cerradas, y son exclusivas sólo para ellos. Sé de personas graves, enfermas en sus casas, no hay doctores… pero no hay cómo salir aunque sea a Camargo a ver un doctor. Estamos muriendo poco a poco… No sé qué vamos a hacer... vamos a morir o nos van a matar…».
La violencia ha sido extrema en esos municipios de «La Frontera Chica», donde ambos grupos han sostenido enfrentamientos a tiros que se han extendido por más de cuatro horas. Han quemado casas, negocios, oficinas; han saqueado y despojado de propiedades y vehículos a sus habitantes, y han secuestrado a decenas de personas, aunque no hay denuncias formales.
El 24 de abril, supuestos Zetas asaltaron la caseta del Puente Internacional que comunica a Camargo con Río Grande, Texas; robaron los ingresos y se llevaron a tres empleados aduanales, a quienes decapitaron y cuyas cabezas y cuerpos fueron dejados en un altar de San Judas Tadeo ubicado en el ejido Rancherías, en ese mismo municipio. Aunque existen fotos de este hecho, las autoridades no lo han confirmado oficialmente.
El pasado jueves 6, elementos de la Marina llegaron a esa región, pero su presencia provocó que los grupos delictivos se desplazaran a otras comunidades rurales de la zona colindante entre Nuevo León y Tamaulipas.
Otro de los fenómenos que se han presentado en esos municipios, señala el exconsejero José Ángel Solorio, es una emigración masiva de habitantes, desplazados por el clima de violencia que han padecido. «Pasas por esas comunidades y parecen estar desiertas. Ves negocios cerrados, escuelas cerradas. Si los ciudadanos se fueron, ¿quién va a votar en las elecciones? ¿Se puede ganar una elección con 400 votos si el padrón es de más de 4 mil?», cuestiona.
Agrega que este fenómeno se presenta en otras regiones del estado. En Miguel Alemán, dice, el PAN calcula que el 30% de la población ha huido hacia Texas para librarse de la violencia. Otros municipios fronterizos registran un éxodo similar. «Estamos repoblando Texas», ironiza el candidato panista.
El PAN anunció que no contenderá precisamente en Camargo, ni en Mier ni en Guerrero, porque sus precandidatos prefirieron retirarse tras recibir amenazas de la delincuencia organizada. Al menos aquí, no es la primera vez que ocurre: en las elecciones de 2007 los candidatos panistas por Mier y Guerrero, Zenón García Olivo y Carlos Flores Garay, se desistieron de participar en las elecciones por la misma razón.
El candidato a la gubernatura José Julián Sacramento refiere que pidió al dirigente nacional panista, César Nava, en la visita que hizo a Tamaulipas, que le autorice ir a esos municipios a convencer a los militantes de que accedan a participar como candidatos sólo con su nombre, «aunque no hagan campaña, aunque estén del otro lado, sólo para que la boleta no aparezca en blanco».
Ya desde el proceso de selección de candidatos Nava advirtió que el CEN panista se reservaría la designación de los aspirantes en Tamaulipas ante el riesgo de que los grupos delictivos infiltraran las elecciones internas.
El jueves 13, José Mario Guajardo Varela, quien estaba a punto de ser registrado como candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, fue asesinado junto con su hijo Luis Mario Guajardo Adame y un empleado identificado como Fernando Arturo Treviño Martínez.
De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron a las oficinas de Guajardo Varela y le dispararon. Él ya había participado, también como candidato a la alcaldía, en las elecciones de 2007, en las que perdió ante el priista Hamid Name Pineda, pese a que obtuvo 40.34% de los votos.
Según testimonios de habitantes de Valle Hermoso, Guajardo Varela era un empresario al que no se le relacionaba con el narco y que tenía poco tiempo de haberse aventurado en la política.
César Nava declaró que el candidato había recibido amenazas de muerte, pero aun así insistió en su decisión de participar. Y adjudicó el crimen a la delincuencia organizada: «Hechos como éste muestran la fragilidad de las instituciones de seguridad en Tamaulipas y el predominio de algunos cárteles y grupos del crimen organizado que se han enseñoreado y pretenden continuar con su dominio».
Huida
Valle Hermoso es otra de las poblaciones que se convirtió en campo de batalla en la guerra del crimen organizado. El 24 de febrero de este año, camionetas rotuladas con el distintivo «CDG» (cártel del Golfo) llegaron a esa población y la mantuvieron sitiada durante tres días para acorralar a un grupo de zetas. De hecho, existen versiones según las cuales ese municipio era el lugar de residencia de Heriberto Lazcano, El Lazca, el máximo líder de Los Zetas.
En Río Bravo, también en la frontera tamaulipeca, el candidato del PRI-PVEM, Raúl Bocanegra Alonso, salió huyendo hacia Estados Unidos cuando comandos del cártel del Golfo llegaron a esa población y amenazaron con secuestrar a todos los habitantes vinculados con Los Zetas.
Aunque la alianza PRI-PVEM sólo informó que su candidato había renunciado, hasta la fecha Bocanegra no ha aparecido públicamente desde que su casa fue incendiada a finales de abril.
A todo este clima de violencia preelectoral se suman los indicios de que los comicios de Tamaulipas serán una elección de Estado, dice el dirigente estatal del PAN, Francisco Garza de Coss.
Hay una clara participación de los funcionarios del gobierno estatal en favor de los candidatos del PRI y una evidente parcialidad de las autoridades electorales que rompen con la equidad y transparencia que debe haber en la elección, asegura.
Por lo pronto, justo cuando el IEETAM está por iniciar la segunda etapa de capacitación para los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla, José Ángel Solorio, director de la revista Politikón, comparte una encuesta realizada por ese medio y según la cual al menos el 85% de los ciudadanos insaculados no piensa cumplir con ese deber el día de las votaciones
Protagonistas de la escena política del estado y analistas que intentan desentrañar el significado de ese y de otros acontecimientos en los que se entrelazan las acciones del crimen organizado con la actividad propia de los meses preelectorales, coinciden en subrayar que hay en Tamaulipas un ambiente cercano a la ingobernabilidad.
Para el exconsejero electoral José Ángel Solorio, los tres niveles de gobierno, los partidos, los candidatos y las autoridades electorales tendrían que haberse sentado ya a tomar los acuerdos «extraordinarios» que se requieren para «salvar» la viabilidad de la contienda política en esta entidad,
El también historiador apunta que el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IEETAM) está preparando una elección en «la normalidad», cuando el escenario político está «trastocado» por el clima de violencia prevaleciente en los últimos meses y por los efectos que ello ha generado en la ciudadanía, en especial en algunos municipios como Guerrero, Mier y Camargo, en la región conocida como «La Frontera Chica».
Mientras que para el titular del IEETAM, Jorge Luis Navarro Cantú, la organización electoral avanza sin contratiempos, el PRI considera que existen condiciones para que los comicios en que se elegirán 43 alcaldes, los miembros del Congreso local y al sucesor del gobernador Eugenio Hernández Flores, se desarrollen dentro del marco constitucional.
Sin embargo, los candidatos del PAN y del PRD, José Julián Sacramento y Julio Almanza, respectivamente, coinciden en que al menos en los municipios de Guerrero, Mier y Camargo, no pueden realizarse con tranquilidad las campañas políticas ni hay forma de que haya una votación democrática el próximo 4 de julio.
Sacramento dice que el asesinato del candidato panista en Valle Hermoso obligará al presidente Felipe Calderón a voltear hacia Tamaulipas para reforzar la presencia del Ejército y la Marina en el estado.
Julio Almanza coincide en que la violencia en los municipios de Mier, Camargo y Guerrero, ubicados en la franja entre Nuevo Laredo y Reynosa, no permite el desarrollo de las campañas. Aunque el PRD ya registró candidatos en Mier y en Camargo, aún no tiene en Guerrero. «Vamos a tener que ir a esos municipios a apoyar a nuestros candidatos, pero sabemos que vamos a tomar mayores precauciones, como no ir de noche y a lo mejor no llevar todos los vehículos que traemos, llevar menos equipo», indica.
En esa región, dice, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tiene que poner especial atención para restablecer la paz y garantizar el desarrollo de las elecciones.
La frontera desierta
En Camargo se da por hecho que el alcalde José Correa huyó hacia Estados Unidos, poco antes de que grupos delictivos incendiaran su casa y las oficinas de su notaría pública. Los alcaldes de Mier y de Guerrero, José Iván Mancias Hinojosa y Olga Juliana Elizondo Guerra, respectivamente, no han aparecido públicamente por varias semanas.
Comunidades rurales como el ejido de Comales, a unos 15 kilómetros de Camargo, estuvieron bajo el acoso de Los Zetas que se acuartelaron ahí desde principios de febrero hasta el 6 mayo para prepararse en sus batallas contra el cártel del Golfo.
De hecho, a mediados de abril, los habitantes de esa comunidad lanzaron un llamado de auxilio por internet: «Aquí no hay ley, no hay nada. Todo está controlado, hasta el gas y la comida. No se trabaja, no hay escuela. Las tiendas están cerradas, y son exclusivas sólo para ellos. Sé de personas graves, enfermas en sus casas, no hay doctores… pero no hay cómo salir aunque sea a Camargo a ver un doctor. Estamos muriendo poco a poco… No sé qué vamos a hacer... vamos a morir o nos van a matar…».
La violencia ha sido extrema en esos municipios de «La Frontera Chica», donde ambos grupos han sostenido enfrentamientos a tiros que se han extendido por más de cuatro horas. Han quemado casas, negocios, oficinas; han saqueado y despojado de propiedades y vehículos a sus habitantes, y han secuestrado a decenas de personas, aunque no hay denuncias formales.
El 24 de abril, supuestos Zetas asaltaron la caseta del Puente Internacional que comunica a Camargo con Río Grande, Texas; robaron los ingresos y se llevaron a tres empleados aduanales, a quienes decapitaron y cuyas cabezas y cuerpos fueron dejados en un altar de San Judas Tadeo ubicado en el ejido Rancherías, en ese mismo municipio. Aunque existen fotos de este hecho, las autoridades no lo han confirmado oficialmente.
El pasado jueves 6, elementos de la Marina llegaron a esa región, pero su presencia provocó que los grupos delictivos se desplazaran a otras comunidades rurales de la zona colindante entre Nuevo León y Tamaulipas.
Otro de los fenómenos que se han presentado en esos municipios, señala el exconsejero José Ángel Solorio, es una emigración masiva de habitantes, desplazados por el clima de violencia que han padecido. «Pasas por esas comunidades y parecen estar desiertas. Ves negocios cerrados, escuelas cerradas. Si los ciudadanos se fueron, ¿quién va a votar en las elecciones? ¿Se puede ganar una elección con 400 votos si el padrón es de más de 4 mil?», cuestiona.
Agrega que este fenómeno se presenta en otras regiones del estado. En Miguel Alemán, dice, el PAN calcula que el 30% de la población ha huido hacia Texas para librarse de la violencia. Otros municipios fronterizos registran un éxodo similar. «Estamos repoblando Texas», ironiza el candidato panista.
El PAN anunció que no contenderá precisamente en Camargo, ni en Mier ni en Guerrero, porque sus precandidatos prefirieron retirarse tras recibir amenazas de la delincuencia organizada. Al menos aquí, no es la primera vez que ocurre: en las elecciones de 2007 los candidatos panistas por Mier y Guerrero, Zenón García Olivo y Carlos Flores Garay, se desistieron de participar en las elecciones por la misma razón.
El candidato a la gubernatura José Julián Sacramento refiere que pidió al dirigente nacional panista, César Nava, en la visita que hizo a Tamaulipas, que le autorice ir a esos municipios a convencer a los militantes de que accedan a participar como candidatos sólo con su nombre, «aunque no hagan campaña, aunque estén del otro lado, sólo para que la boleta no aparezca en blanco».
Ya desde el proceso de selección de candidatos Nava advirtió que el CEN panista se reservaría la designación de los aspirantes en Tamaulipas ante el riesgo de que los grupos delictivos infiltraran las elecciones internas.
El jueves 13, José Mario Guajardo Varela, quien estaba a punto de ser registrado como candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, fue asesinado junto con su hijo Luis Mario Guajardo Adame y un empleado identificado como Fernando Arturo Treviño Martínez.
De acuerdo con testigos, dos hombres llegaron a las oficinas de Guajardo Varela y le dispararon. Él ya había participado, también como candidato a la alcaldía, en las elecciones de 2007, en las que perdió ante el priista Hamid Name Pineda, pese a que obtuvo 40.34% de los votos.
Según testimonios de habitantes de Valle Hermoso, Guajardo Varela era un empresario al que no se le relacionaba con el narco y que tenía poco tiempo de haberse aventurado en la política.
César Nava declaró que el candidato había recibido amenazas de muerte, pero aun así insistió en su decisión de participar. Y adjudicó el crimen a la delincuencia organizada: «Hechos como éste muestran la fragilidad de las instituciones de seguridad en Tamaulipas y el predominio de algunos cárteles y grupos del crimen organizado que se han enseñoreado y pretenden continuar con su dominio».
Huida
Valle Hermoso es otra de las poblaciones que se convirtió en campo de batalla en la guerra del crimen organizado. El 24 de febrero de este año, camionetas rotuladas con el distintivo «CDG» (cártel del Golfo) llegaron a esa población y la mantuvieron sitiada durante tres días para acorralar a un grupo de zetas. De hecho, existen versiones según las cuales ese municipio era el lugar de residencia de Heriberto Lazcano, El Lazca, el máximo líder de Los Zetas.
En Río Bravo, también en la frontera tamaulipeca, el candidato del PRI-PVEM, Raúl Bocanegra Alonso, salió huyendo hacia Estados Unidos cuando comandos del cártel del Golfo llegaron a esa población y amenazaron con secuestrar a todos los habitantes vinculados con Los Zetas.
Aunque la alianza PRI-PVEM sólo informó que su candidato había renunciado, hasta la fecha Bocanegra no ha aparecido públicamente desde que su casa fue incendiada a finales de abril.
A todo este clima de violencia preelectoral se suman los indicios de que los comicios de Tamaulipas serán una elección de Estado, dice el dirigente estatal del PAN, Francisco Garza de Coss.
Hay una clara participación de los funcionarios del gobierno estatal en favor de los candidatos del PRI y una evidente parcialidad de las autoridades electorales que rompen con la equidad y transparencia que debe haber en la elección, asegura.
Por lo pronto, justo cuando el IEETAM está por iniciar la segunda etapa de capacitación para los ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla, José Ángel Solorio, director de la revista Politikón, comparte una encuesta realizada por ese medio y según la cual al menos el 85% de los ciudadanos insaculados no piensa cumplir con ese deber el día de las votaciones
Fuente: Revista Proceso
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